La nueva Ley de Secretos deja en manos de Sánchez decidir si se revelan o no sus viajes en Falcon

La nueva Ley de Secretos Oficiales que ha diseñado el Gobierno -Ley de Información Clasificada- y que afronta ahora la negociación parlamentaria no prevé la desclasificación automática de la información que se haya declarado secreta antes de la entrada en vigor de esta ley. Esto afecta, pues, a cuestiones como el 23-F o los GAL -cuya revelación ha sido reclamada por los socios del Ejecutivo- pero también a otros asuntos que, desde que inició su mandato, Sánchez ha blindado como auténticos secretos de Estado, como es el caso de sus viajes en Falcon. En reiteradas ocasiones, el Gobierno se ha escudado en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 -franquista- para no facilitar información alguna sobre los desplazamientos de Sánchez a bordo de las aeronaves del Estado, su coste, su huella medioambiental o sus acompañantes. Y esa información podrá seguir ahora bajo el velo de la opacidad.

El texto, de aprobarse tal cual, sólo prevé plazos de desclasificación automática para la documentación que se clasifique una vez la nueva norma entre en vigor. Esos plazos van desde los cuatro años a los 50 -ampliables hasta los 65-, para la documentación en la categoría de «Alto Secreto». Pero, ¿qué ocurre con aquella información que ahora ya está clasificada? La disposición transitoria aclara que «el procedimiento de desclasificación de esta información podrá ser iniciado de oficio o a petición razonada de persona directamente afectada». Es decir, en la práctica, quedará en manos de las autoridades -el Consejo de Ministros- o del juez, siempre y cuando una persona acredite un interés legítimo, algo muy complicado en casos como el Falcon. En ese caso, la persona afectada deberá solicitar la desclasificación, que será evaluada por el Gobierno y resuelta «siempre que no se ponga en peligro la seguridad ni la defensa nacional». La desclasificación se realizará de modo singular y se limitará a aquellos documentos necesarios para satisfacer la pretensión de la persona interesada. En caso de que se niegue, el interesado podrá recurrir al juez, que determinará en última instancia si debe hacerse pública.

En resumen, es el Gobierno el que debe tomar la iniciativa de desclasificar los documentos ahora secretos o bien, a petición de un interesado que acredite por qué quiere acceder a ellos, y esa solicitud sea aprobada por el propio Ejecutivo.

Opacidad

El presidente del Gobierno ha recurrido en infinidad de ocasiones a la aún vigente Ley de Secretos Oficiales para ocultar información a la opinión pública, como sus viajes en Falcon y Super Puma, o sus vacaciones en las residencias de La Mareta y Las Marismillas.

En sus respuestas a la oposición o al Consejo de Transparencia alega que se trata de materia blindada «por razones de seguridad» al tratarse de una «materia especialmente sensible». La respuesta oficial durante estos años ha sido que: «El acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación a la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, detalla que tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección”.

Con esa respuesta, Sánchez ha blindado el acceso al número de desplazamientos, a los gastos, a los acompañantes o al despilfarro de combustible que suponen estos viajes, algunos polémicos por tratarse de trayectos de corta distancia. Cabe recordar, como ha publicado OKDIARIO, que desde el pasado 29 de julio, cuando Sánchez anunció en La Moncloa que se quitaba la corbata para ahorrar energía, a la actualidad, ha realizado 27 vuelos en Falcon y Super Puma. El último desplazamiento, para acudir a Lanzarote, donde disfruta de sus vacaciones.

En marzo, el Congreso aprobó una proposición no de ley del Partido Popular que obligará al Gobierno a comparecer en sede parlamentaria -ante la Comisión Mixta Congreso y Senado de Seguridad Nacional- cada vez que impida el acceso a la información sobre el Falcon, para justificar las razones que, a su juicio, ponen en riesgo la seguridad del Estado.