La ‘mordaza’ de Sánchez: aboga por derogar la ley de Seguridad pero prohíbe más protestas que Rajoy

Desde junio de 2018 -cuando llegó a La Moncloa por vía de la moción de censura- a diciembre, Pedro Sánchez prohibió más manifestaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy en el mismo período. Eso, pese a que el socialista ha criminalizado la ley de Seguridad Ciudadana aprobada por los ‘populares’, y que aboga por derogar. En concreto, según el último Anuario Estadístico del ministerio que dirige en funciones Fernando Grande-Marlaska, en esos siete meses se denegaron 425 protestas, de las 16.621 comunicadas. En esos meses del año anterior se prohibieron 377.

Durante todo el año pasado se registraron 32.078 manifestaciones comunicadas, de las que fueron prohibidas 748 en toda España (salvo datos de Cataluña y País Vasco, no incluidos en este registro). Las cifras representan una subida del 10,27% frente a 2017. Una de cada tres protestas tenía una motivación laboral. En segundo lugar, aparecen las convocadas contra medidas políticas y legislativas, que registran un notable incremento, pasando de 2.862 a 5.142 en un sólo año (en el cómputo se incluyen los primeros cinco meses que gobernó Rajoy).

En el programa del PSOE para las próximas elecciones generales se recoge con claridad la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana «para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

Contra la Ley de Seguridad Ciudadana

El socialista ha insistido en numerosas ocasiones en su propuesta para despenalizar la movilización callejera. Así, por ejemplo, entre las enmiendas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -ya decaída- se incluía la de dejar sin castigo la «obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos».

En otra enmienda, los socialistas proponían también despenalizar las manifestaciones espontáneas que no se hubiesen comunicado con anterioridad a la autoridad competente. «No constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta», matizando en cambio que «siempre que no perturben la seguridad ciudadana, o lo hagan de manera poco relevante”. Ahora, en cambio, el PSOE sí destaca que las protestas deberán ser pacíficas.

El PSOE presentó, en su día, su propia proposición de ley contra la Ley de Seguridad Ciudadana del PP (2015) pero acabó renunciando a su texto en favor de otra iniciativa del PNV.

En la defensa de su propuesta abogaban por «la necesaria abolición de la consideración de infracción de la ocupación temporal de la vía pública», además de otras consideraciones como eliminar las sanciones «a los participantes pacíficos en manifestaciones, la sanción por manifestarse ante las Cámaras parlamentarias aunque no estén reunidas, las sanciones por utilizar imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la posibilidad de incautarse de estas imágenes, los registros personales en lugares públicos (…) y otras infracciones por la falta de respeto o consideración a miembros de las fuerzas de seguridad o las que les atribuyen facultades excesivas de intervención desplazando las garantías judiciales», según expuso el diputado del PSOE, Antonio Trevín.

El fallido acuerdo de Presupuestos firmado entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se comprometía a revertir los artículos de la ley del PP que, en su opinión, pretendían «desalentar la protesta social» y «limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión».

En concreto, defendían una «revisión en profundidad de los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión» y medidas como que la ausencia de comunicación previa dejase de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, que la actuación policial tenga como guía «la dignidad de la persona y los derechos humanos», que los agentes lleven siempre una identificación «claramente visible», que el registro corporal sólo se aplique en casos de «indicios concretos y comprobables» y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, o que se ajuste la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado.

El acuerdo firmado entre el Ejecutivo y Podemos abría también la puerta a la revisión en el Código Penal de «aquellos tipos que tienen una hiperregulacion tras las reformas legislativas introducidas por el PP», con referencia concreta al 315 que regula como delito las coacciones en caso de huelga. Es decir, los piquetes.