Montero propone que en las licitaciones se castigue a las empresas con más hombres en plantilla

El Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero ha elaborado una guía «para la inclusión de la perspectiva de género» en los contratos de empresas con la administración pública. En el documento se propone obligar a los empresarios a emplear en la plantilla que realizará la actividad «al menos a un porcentaje de mujeres o a un número concreto». La consecuencia es una evidente discriminación para aquellas empresas que emplean a más hombres en plantilla, o que no cuentan con el número de mujeres suficiente para llevar a cabo dicha actividad.

La guía premia también a las empresas que tengan «al menos a un 50% de mujeres en puestos de responsabilidad, gerencia, cualificados, o con titulación media o superior».

Para demostrarlo, las empresas adjudicatarias deberán presentar, «en el plazo de un mes tras la concesión definitiva», una «relación nominal de las mujeres contratadas, indicando fecha de inicio y fin de contrato, así como jornada laboral, y en su caso categoría profesional» adjuntando copia de los contratos de trabajo. Además, en la memoria final del contrato se presentará una «declaración nominal y numérica de todos los contratos laborales realizados durante la ejecución del proyecto subvencionado», el informe de trabajadores en alta y certificado de la Seguridad Social, «con expresión de número de personas empleadas desglosadas por sexo, antigüedad, categoría profesional y bases de cotización».

Lenguaje inclusivo

Otro de los criterios será la obligación de impartir formación en materia de igualdad o utilizar un lenguaje «inclusivo y no sexista», evitando cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, así como «fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género».

Para verificarlo, la empresa tendrá que presentar en soporte informático copia de «toda la documentación, publicidad, cartelería y cuantos materiales escritos o gráficos utilizados se haya producido en el marco de ejecución del proyecto o actividad».

También se favorecerá a las empresas que cuenten con medidas de conciliación, como horarios flexibles, jornadas reducidas en determinadas fechas como Navidad o Semana Santa, jornadas intensivas en verano, «bolsas de horas» para que el empleado pueda acumularlas y utilizarlas cuando quiera, o una «distribución personalizada» de la jornada laboral. También se valora la reducción de comida para adelantar la hora de salida, o que dispongan de cheques para guarderías o escuelas infantiles, entre otros criterios.

Igualmente, tendrán más posibilidades aquellas que acrediten «experiencia y trayectoria acreditada en materia de igualdad». Para ello, tendrán que demostrar un mínimo de trabajos o un importe mínimo de facturación en este ámbito.

El documento se dirige a la totalidad de las Administraciones Públicas, especialmente a los organismos y corporaciones más pequeños, así como a todo tipo de entidades, profesionales de distintas ramas y a la ciudadanía en general.

El Instituto de las Mujeres considera que los contenidos y temas tratados en la guía contribuirán a la formación, apoyo y sensibilización de las personas implicadas en los órganos de contratación, proporcionándoles una «herramienta útil que tiene en cuenta la inclusión de la perspectiva de género en las principales fases procedimentales de una licitación».

Para el Instituto de las Mujeres, la incorporación de estas cláusulas en la contratación pública «serán decisivas en la reducción de las desigualdades sociales y de género».