Moncloa ya tiene «listo» el recurso para impedir que Puigdemont sea investido a distancia

El gabinete de Mariano Rajoy  impedirá a toda costa que el prófugo de la justicia española Carles Puigdemont sea investido ‘a distancia’ presidente de la Generalitat de Cataluña. De hecho, fuentes gubernamentales subrayan que el Ejecutivo popular «ya tiene listo» el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional para evitar que sea efectiva la nueva ley de Presidencia planteada por los independentistas. Eso así, tales fuentes insisten en que una vez sean analizados los informes encargados a los servicios jurídicos del Estado, el Gobierno actuará en el «momento oportuno». Al frente de la coordinación está la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La ley registrada por Junts Per Catalunya (JxCat) pretende crear un marco legal para que se puedan hacer investiduras y nombrar a consellers a distancia, así como que los cargos del Govern puedan estar operativos desde el extranjero: JxCat ha pedido que se tramite por la vía de máxima urgencia y así se está haciendo. De hecho, gracias la mayoría de los separatistas, dicha ley podrá debatirse y aprobarse en el pleno del Parlament programado para el jueves 3 de mayo.

Una vez se produzca esa eventual impugnación de la ley por parte del Ejecutivo, el independentismo tendrá que buscar otro candidato a presidente y no podrá demorarse mucho puesto que el reloj sigue corriendo y cada vez está más cerca la fecha límite para la convocatoria de nuevas elecciones: el 22 de mayo.

Por otro lado, respecto a la delegación del voto del exconseller y diputado ERC Toni Comín, que sigue viviendo en Bélgica, el Gobierno esgrime que la competencia para recurrir la decisión de la Mesa del Parlament recae sobre los grupos de la Cámara catalanas, explican las mismas fuentes. PP y Ciudadanos ya han anunciado que llevarán la delegación de voto de Comín y del propio Puigdemont al Tribunal Constitucional.

Busca y captura

Desde el Ejecutivo las mismas fuentes recuerdan que el propio juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya dijo en uno de sus autos que corresponde a la Mesa decidir sobre la delegación de voto. Junto a ello, existe un auto del Tribunal Constitucional del 27 de enero que advierte de que «los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios».

Tanto ERC como JxCat defienden que Comín y Puigdemont se han puesto a disposición judicial donde están ahora -Bélgica y Alemania respectivamente-, por lo que argumentan que pueden delegar el voto aunque en su día no comparecieran ante el Supremo.

Los separatistas sostienen que Comín y Puigdemont son claves para desencallar la legislatura, ya que si sus dos votos fuesen válidos, JxCat y ERC sumarían 66 escaños, los suficientes para derrotar a los 65 que reunirían Cs, PSC, PP y los comunes, y poder investir a un presidente en segunda votación. La ley permite investir a un presidente en primera votación si tiene mayoría absoluta, y 48 horas más tarde en segunda votación si tiene mayoría simple.

Sin embargo, si los votos de Comín y Puigdemont no son considerados válidos finalmente, a JxCat y ERC les será imposible investir a un candidato en segunda vuelta si no convencen a la CUP para que sus cuatro abstenciones se conviertan en votos afirmativos.