Iceta acepta pagar despidos a los interinos de la Administración pero excluye a los sanitarios del Covid

El nuevo ministro de la Función Pública está dispuesto a pagar por el despido a los interinos cuyos contratos no se renuevan tras trabajar para la Administración Pública. Pero, eso sí, sólo a futuro y tras aprobar la conveniente reforma legal. De esta manera, Miquel Iceta deja fuera de esta nueva medida a los sanitarios con contrato de interinidad que lucharon contra el Covid en plena pandemia.

El Gobierno está dispuesto a aplaudir a los sanitarios. A homenajearlos y hasta a condecorarlos. Pero, por lo visto, no a pagarles por el despido una vez concluidos sus servicios en la Administración Pública.

Se trata de la postura del Ministerio de Miquel Iceta, que se enfrenta a la primera gran reclamación en esta materia durante su recién estrenado mandato al frente del Departamento de la Función Pública. Y la respuesta ha sido negativa, especialmente, tras haber sido este el Gobierno que ha pedido públicamente un agradecimiento a todos los médicos, enfermeros y demás personal sanitario de parte de toda la sociedad española.

La disputa, además, viene impulsada por el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, que ya ha reclamado un trato equitativo entre los despedidos de la Administración Pública y de las empresas privadas. Y es que, mientras que los despedidos en las empresas cobran una indemnización dependiendo del tiempo transcurrido en el trabajo, no ocurre así con los interinos de la Administración Pública, que son despedidos sin compensación económica.

Indemnización

Por ello, las plantillas públicas han reclamado una indemnización y la respuesta de Iceta ha sido afirmativa, pero, eso sí, a futuro. Y eso significa que los contratados para reforzar todas las plantillas públicas en la era Covid se quedan fuera.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, por su parte, señala que valora “los avances en la propuesta del Ministerio, como el reconocimiento de una compensación económica equivalente a 33 días de sus retribuciones por año de servicio”. No obstante, CSIF señala que esta indemnización también debe extenderse a los actuales interinos en fraude de Ley.

“Además, consideramos que la propuesta sigue sin aplicar con claridad medidas efectivas, disuasorias y sancionadoras (por la vía disciplinaria, administrativa y penal) para acabar con la temporalidad, como establece la Directiva Europea”, señalan desde CSIF.

Y es que la propuesta del Ministerio sigue penalizando al personal temporal, que finalizaría su relación con la Administración a los tres años, sin que se le ofrezca una alternativa clara, como si éste fuese el culpable de su situación de temporalidad.

CSIF además reclama un sistema de acceso por concurso oposición, con plenas garantías constitucionales, si bien baremando al máximo la antigüedad, con una valoración de la fase de concurso del 40%, con ejercicios teórico prácticos y sin pruebas eliminatorias.

De manera paralela, CSIF entiende que se debe fomentar la promoción interna y la movilidad del personal fijo para garantizar las legítimas aspiraciones de todos los colectivos de la administración.