España
crisis del coronavirus

Marlaska vacuna a los presos mientras se olvida de los funcionarios de prisiones

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska acaba de dar la última pésima noticia a los funcionarios de prisiones: los presos tienen prioridad de vacunación frente al personal que asiste las cárceles españolas. La denuncia por el trato a los funcionarios ha sido ya trasladada al Gobierno por el sindicato CSIF. Y es que “Interior se ha olvidado de sus funcionarios/as de prisiones y comienza a vacunar a los presos”, como señalan desde el sindicato. Todo ello, pese a que los funcionarios de prisiones comparten los mismos focos de contagio que los reclusos y, encima, se llevan los contagios a sus casas al terminar la jornada laboral.

Uno de cada cuatro funcionarios aún no ha recibido ni una dosis. Un dato que ha llevado a CSIF a estudiar acciones legales contra el trato del Ministerio a los funcionarios de prisiones.

Los centros penitenciarios de toda España han iniciado ya la vacunación de la población reclusa pese a que cerca de 7.000 funcionarios (una cuarta parte de la plantilla) aún no ha recibido ni siquiera una dosis de inmunización, una situación que para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, supone un incumplimiento del protocolo de vacunación de forma clara.

El colectivo de Instituciones Penitenciarias fue encuadrado en el protocolo de vacunación dentro del grupo 3B, junto al personal de salud pública, personal sanitario y sociosanitario de diferentes ámbitos, fisioterapeutas o profesionales de oficinas de farmacia. Con la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de la vacunación con AstraZeneca, miles de trabajadores penitenciarios quedaron sin vacunar ni tan siquiera con la primera dosis.

Posteriores modificaciones del plan de vacunación no han querido abordar y solucionar el problema. Y el resultado no es otro que el hecho de que estos trabajadores siguen sin vacunar y viendo cómo otros compañeros de la Administración Pública que trabajan con los mismos condicionantes sí lo están.

Vacunas para los reclusos

Además, los funcionarios de prisiones contemplan ahora cómo miles de vacunas están llegando a las cárceles destinadas para la población reclusa, mientras los responsables de su vigilancia aún están sin inmunizar. De este modo, en cárceles como Castellón II, el 50% de la plantilla aún no ha recibido la primera dosis.

Ante esta situación, CSIF ha trasladado una queja a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y estudia acciones jurídicas. Y es que el malestar de las plantillas de profesionales crece mientras se siente desamparada por sus superiores.

Instituciones Penitenciarias por su parte, ha respondido a los afectados eludiendo sus responsabilidades y señala ahora a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas como culpables de esta situación. Además, se da la circunstancia de que con el fin del estado de alarma es previsible que Instituciones Penitenciarias proceda a la vuelta a la normalidad, abriendo de nuevo las comunicaciones con el exterior (visitas y vis a vis) en casi todas las prisiones de España, lo que, con muy elevada probabilidad, va a incrementar el riesgo de contagio para los trabajadores y sus familias.

Hay que recordar que el trato comparado de presos y funcionarios ha dado ya que hablar. De hecho, el colectivo de presos de ETA estuvo reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez una vacunación acelerada contra el coronavirus destinada a los terroristas que cumplen condena. A esa exigencia se sumó EH Bildu desde el primer momento. Y todo ello, pese a que el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu aceleró esa vacunación a los presos de ETA de forma automática. Lo hizo incluso antes de lo pactado por las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad.

La Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió el pasado miércoles 31 de marzo vacunarles, a más tardar, junto a la población del Grupo 8. En ese grupo están incluidos los españoles de entre 56 y 65 años.
El Gobierno de Iñigo Urkullu, sin embargo, inició la vacunación varios días antes. Concretamente el domingo 28 de marzo.