Condenada a un año y medio de cárcel una alcaldesa comunista que se quedaba las tasas del mercadillo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de un año y medio de cárcel a la ex alcaldesa comunista de Campillo de Arenas (Jaén) Lourdes Chica por apropiarse de las tasas municipales que cobraba el Consistorio por instalar puestos en el mercadillo local. La ex regidora, que se presentó a las elecciones por Izquierda Unida (IU), presentó un recurso ante la Sala de lo Civil y Penal y ha conseguido revocar el delito de falsedad documental en contra de lo que pedía la Fiscalía. No obstante, se ratifica la pena por prevaricación y malversación.

Tal como adelanta OKDIARIO, el TSJ de Andalucía, en una sentencia en la que José María Sánchez Jiménez ha ejercido de ponente, ha confirmado la condena «como criminalmente responsable en concepto de autora de un delito continuado de prevaricación, con un delito continuado de malversación de caudales públicas a la pena de un año, seis meses y dos días de prisión inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito municipal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de 3 años». Además, deberá pagar una multa de 7 meses y medio a razón de una cuota diaria de 3 euros (675 euros).

Se da por bueno que, como concluyó el Ministerio Público en su escrito de calificación, Lourdes Chica, entre 2011 y 2015, pidió gestionar la tasa del mercadillo personalmente. «Movida por un ánimo de beneficio ilícito y al margen del procedimiento legalmente establecido» ordenó que se le entregara a ella personalmente esa recaudación semanal.

«Lo hizo prescindiendo de cualquier procedimiento administrativo, sin soporte de informe de interventor, secretario municipal o de técnico alguno», recoge el apartado de hechos probados. El mandato de Lourdes Chica supuso que el dinero recaudado con esta tasa del mercadillo no se ingresara en la cuenta municipal y escapó del «control de la intervención municipal y del secretario del Ayuntamiento».

La candidata de IU «dispuso de la totalidad de la recaudación, incorporando parte a su propio patrimonio y usándolos para fines ajenos al municipio». Los peritos judiciales han chequeado que en 2013, de los 2.986,74 recaudados por la tasa de mercadillo, sólo hay justificado, conforme a las normas tributarias, una factura de cerca de 60 euros. Faltan 744,5 euros y el resto del dinero aparece como gastado, pero justificado con simples tiques o anotaciones que «no se ajustan a las exigencias legales derivadas de la legislación tributaria».

Del mismo modo, en 2014, de 3.560,70 euros sólo se han localizado debidamente justificados 170 euros. La Fiscalía considera que la entonces alcaldesa «deliberadamente simuló la firma en un recibo» para justificar la entrega de 20 euros a una persona. Sin embargo, el análisis de la firma determinó que «la firma fue realizada realmente por la acusada y no por la persona que supuestamente recibió los 20 euros».

En 2015, la tasa municipal del mercadillo reportó 1.029 euros, pero Lourdes Chica volvió a maniobrar. Se gastó esa cantidad, pero no se justificó con soporte documental «conforme a normas tributarias». Además, faltan de ese ejercicio 162,28 euros que «no se justificaron de ninguna manera».

El Ministerio Público pedía para la exalcaldesa dos años de cárcel por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros cuatro años de prisión por el delito de falsedad. Sobre la responsabilidad contable, la  Fiscalía pedía al Tribunal de Cuentas «dirimir y reclamar» la cantidad en la que se haya podido ver afectado el Ayuntamiento de Campillo de Arenas.

«Denuncia por motivación política»

Por su parte, en el juicio la ex alcaldesa de Campillo de Arenas aseguró ante el tribunal que no se quedó durante tres años ese dinero procedente del cobro de las tasas del mercadillo. Enmarcaba su paso por el banquillo responde a que «todo es por un tema político». En todo caso, reconoció que el policía local encargado del cobro de las tasas le dejaba semanalmente un sobre cerrado con el dinero recaudado, pero esgrimió que ella se limitaba a entregarlo a una trabajadora del Ayuntamiento.

«Yo no sé ni por qué estoy aquí», lanzó la edil. A pesar de que queda probado que parte del dinero «se incorporó a su propio patrimonio», ella mantiene que «jamás» utilizó el dinero. «Yo no tocaba el dinero, no he tocado el dinero de nadie y jamás he falsificado una firma», remarcó la ex alcaldesa. Argumentó que no sabía los motivos por los que se sentaba en el banquillo, más allá de la intención de algunas personas de hacerle «daño». En este punto, citó al nuevo alcalde, Juan Francisco Figueroa (PSOE), del que mantiene que lo que pretende es verla «hundida». 

Ese rival político en sede judicial desveló que una trabajadora le alertó sobre lo que ocurría con su antecesora, «una situación irregular por un sistema maléfico, un sistema que corrupto del principio al final». Al denunciar los hechos en 2018, quería que su predecesora reconociera lo que había hecho, «pidiera perdón y devolviera el dinero», unos 7.000 euros.

Tickets manipulados

El alcalde personalmente descubrió, personándose en varias tiendas, como algunos de los tiques de compra tenían los conceptos alterados. Así, unas gafas de sol se habían convertido en unas gafas para una persona necesitada, o ropa de niña que se justificaba como ropa de hogar para instalaciones de uso municipal, o una cazadora que pasaba a ser justificada como una camisa para la banda de música.

La condenada dijo que había hablado con el secretario municipal un cambio en el sistema de recaudación. Sin embargo, este trabajador testificó que «nunca» le hizo dicha consulta.