Leticia de la Hoz no es penalista: su despacho es una consultora que «asiste a empresas a implantarse en otros países»

Leticia de la Hoz ha ocupado los focos de la actualidad judicial como abogada defensora de Koldo García en el mayor escándalo de corrupción vinculado a la pandemia. Pero su actividad profesional principal no transcurre en los juzgados. Su empresa, IDBO Consultants, con sede en Madrid, es una consultora de negocios internacionales que, según su propia web, «asiste a empresas y entidades en su implantación temporal o permanente en otros países» y «articula las vías de financiación factibles hasta la obtención de la financiación necesaria (sic.)».

Entre los países donde ha desarrollado actividades figuran Venezuela, Rusia, Libia, Irak, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Angola y Cuba, todos ellos bajo sanciones internacionales o en los índices más bajos de transparencia según organismos como Transparencia Internacional.

La consultora no es una firma modesta. Asegura tener oficinas en 17 ciudades: Londres, Nueva York, Pekín, Lisboa, Casablanca, México, Santiago de Chile, Panamá, Bogotá, Caracas, São Paulo, Fortaleza, Salvador de Bahía, Buenos Aires, Montevideo y Dubái, además de Madrid. Trabaja habitualmente, según su web, en un total de 64 países de cuatro continentes.

Su facturación ha experimentado un incremento que resulta, cuando menos, llamativo: de 1,38 millones de euros en 2022 pasó a 3,21 millones en 2024, con un beneficio neto de 426.710 euros ese último año. Un crecimiento superior al 130% en dos ejercicios que coincide exactamente con los años en que el caso Koldo ha copado la agenda judicial española.

IDBO en países sancionados

La presencia de IDBO Consultants en países sometidos a sanciones internacionales o con graves déficits de transparencia es uno de los elementos que más ha llamado la atención de las fuentes consultadas.

La empresa ha trabajado en Venezuela, cuyo régimen está sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea desde 2017 y 2019, respectivamente. También en Rusia, país sometido a un régimen de sanciones sin precedentes desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Y en Libia, Irak, Angola, Cuba, Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau, este último considerado por organismos internacionales un narcoestado.

Según la web de la compañía, sus servicios en estos mercados incluyen la «identificación de oportunidades de negocios», la búsqueda de «socios, inversores, clientes, proveedores», así como operaciones con commodities —materias primas— en sectores como el petróleo, el gas y la minería, precisamente los sectores predominantes en varios de esos países de alto riesgo. Precisamente, el petróleo venezolano es uno de los elementos críticos en las causas de corrupción más cuantiosas de los últimos tiempos en España.

La empresa presume de contar con «un muy amplio número de socios, asociados y colaboradores locales e internacionales» en todos los países donde opera, sin identificarlos públicamente.

El perfil societario de IDBO Consultants añade otra capa de complejidad. La empresa ha facilitado domicilio social a nueve personas jurídicas distintas en su sede y ha constituido tres sociedades por cuenta ajena. El Gobierno de Pedro Sánchez, además, le ha abonado 33.446 euros públicos por gestionar el Sistema Interno de Información del SEPE.

Fracaso en el ‘caso Koldo’

En paralelo a toda esta actividad internacional, De la Hoz ha ejercido como letrada de Koldo García ante el Tribunal Supremo con una estrategia que el Alto Tribunal ha rechazado de forma sistemática.

Ha presentado solicitudes de nulidad por la no entrega de teléfonos a los investigados, recursos por un suplicatorio supuestamente vulnerado, denuncias de doble investigación, impugnación de pruebas, solicitudes de polígrafo, de careos y de recusación de magistrados. El Supremo ha desestimado todas estas cuestiones una por una.

La letrada intentó también anular las escuchas denunciando una presunta interceptación ilegal de comunicaciones. El Supremo la rechazó igualmente, afirmando que existían «indicios independientes suficientes».

Koldo García lleva ya seis meses en prisión provisional. La sentencia se espera antes del verano.

A este cuadro procesal se añaden acusaciones de mayor gravedad. Un auto del magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha señalado a De la Hoz como presunta intermediaria en el ofrecimiento de 50.000 euros a una testigo para que modificase su declaración. De la Hoz ha negado los hechos de forma tajante, calificándolos de «falsos e infundados». La instrucción sigue abierta.

En enero de 2025, según fuentes consultadas, De la Hoz habría participado en una reunión en un despacho de la calle Felipe II de Madrid junto a Leire Díez, la ex militante socialista señalada como coordinadora de una red para desestabilizar procesos judiciales.

En esa reunión se habría pedido a un investigado que falsease su testimonio a cambio del archivo de su causa. «Nos ofrecieron el oro y el moro, algunos no entramos en su juego», ha declarado uno de los afectados.

IDBO Consultants nació en Europa en 1987 como una consultora de empresas y dio el salto internacional en 1996 con su primera oficina en Sudamérica. Treinta años después, la empresa que preside quien defiende a uno de los principales encausados del caso Koldo tiene más presencia en Caracas, Moscú o Trípoli que en los juzgados de Madrid.

Esa distancia entre la toga y la consultora es, quizá, la pregunta que nadie ha formulado todavía en sede judicial.