Juzgan a tres ex altos cargos del Gobierno valenciano por malversar 49.000 €

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Sede de la Generalitat Valenciana

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a partir del próximo martes a Jorge Lamparero Lázaro, Francisco Segura Sobrino y Rafael Parra Mateu, todos ellos ex altos cargos de la Generalitat, por la supuesta malversación de 48.719 euros cometida entre 2008 y 2010.

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia reclama para ellos una pena de prisión de 9 años y una multa de 14.400 euros, según consta en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE.

Jorge Lamparero Lázaro fue director general de Cambio Climático, dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, entre 2008 y 2010, y bajo su dirección se encontraba el también acusado Francisco Segura Sobrino, que ostentaba la jefatura de área de Calidad Ambiental.

Ambos acusados, "con omisión de las funciones que tenían encomendadas y desprecio para la causa pública, decidieron favorecer a través de una contratación ficticia a la empresa Asesores Económicos Públicos SL, controlada por el también acusado Rafael Parra Mateu", detalla el fiscal.

Parra Mateu, que entonces ocupaba el cargo de interventor del Consorcio de Museos de la Generalitat, era quien controlaba, a juicio del Ministerio Público, la citada SL, en la que figuraron su mujer y posteriormente su hija como administradoras.

"Con la sola intención de favorecer económicamente a dicha sociedad y en perjuicio de los fondos públicos, Jorge Lamparero en su calidad de director general y con Francisco Segura contrataron fraudulentamente en el año 2008 a Asesores Económicos Públicos sin publicidad ni concurrencia", entiende el fiscal.

Esta contratación tuvo como objeto una asistencia técnica en el proyecto Perspectivas de la Administración Local en el desarrollo de la Ley 2/2006″, un trabajo por el que la Generalitat abonó 12.000 euros "sin que se realizase ningún trabajo ni se justificase la utilidad pública de esta contratación", según se expone en el escrito de acusación.

Este mismo proceso fue repetido hasta en tres ocasiones más, la inmediatamente posterior fue en abril de 2009 con un trabajo titulado "Perspectivas de la Administración Local en el Desarrollo de la Ley 2/2006: Guías técnicas sobre los métodos para realizar la calificación de las actividades industriales en función de su incidencia ambiental".

Por este trabajo, la Generalitat pagó 20.416 euros, sin que tampoco se realizase ni entregase trabajo alguno o informe que soportara dicha facturación, siempre según la versión de la Fiscalía.

Siguiendo la misma dinámica, en julio de 2009 se abonaron 8.152 euros por el trabajo de "Revisión y Contraste de la Legislación en otras autonomías en materia de actividades calificadas", y no se entregó ningún informe ni documento que avale este pago.

Por un cuarto trabajo titulado "Elaboración de actividades realizadas en torno a las perspectivas de la Administración Local de la Ley 2/2006" se abonaron 8.151 euros.

En total, la cantidad distraída a la Generalitat asciende a 48.719 euros.

Estos hechos, en opinión del fiscal, son constitutivos de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, cuyos responsables son Jorge Lamparero y Francisco Segura, mientras que a Rafael Parra se le considera colaborador necesario.

En consecuencia, a todos ellos se les reclama una pena de seis años por malversación, la inhabilitación para empleo público por el mismo periodo por un delito de prevaricación y tres años de prisión y una multa de 14.400 euros por falsedad.

En concepto de responsabilidad civil, Rafael Parra, Joan Lamparero y Francisco Segura deberán indemnizar a la Generalitat con 48.719 euros, una cantidad de la que también será responsable civil subsidiaria la firma Asesores Económicos Públicos SL

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