La Justicia investiga al alcalde socialista de Burgos por prevaricación en un contrato de 159 millones

El contrato de recogida de basuras y limpieza viaria recién impulsado por el Ayuntamiento socialista de Burgos puede convertirse en una bomba electoral. La Justicia ha ordenado diligencias por posible prevaricación para investigar lo ocurrido en un contrato de 159,6 millones de euros y ante la vinculación entre cargos del Ayuntamiento y la empresa concesionaria, Urbaser. El Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos ha plasmado su decisión en el auto de 11 de enero correspondiente a las diligencias previas 1224/2021. Y allí acuerda investigar al alcalde Daniel de la Rosa, del PSOE, y al vicealcalde, Vicente Marañón, de Cs, por posible prevaricación administrativa en la adjudicación del servicio de limpieza a Urbaser.

Tres empresas que acudieron al concurso convocado por el Ayuntamiento recurrieron la adjudicación a Urbaser, un contrato que fue ratificado por la Junta de Gobierno Local del pasado 7 de octubre. El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, confirmó la presentación en noviembre del recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) por parte de las uniones temporales de empresas (UTE) Valoriza-Parque Norte y FCC-Sogeser y Semat.

El Ayuntamiento esperaba que en dos o tres meses el Tarcyl hubiese emitido un dictamen favorable a la decisión del Ayuntamiento, pero, en contra de ese deseo, lo cierto es que ha abierto diligencias por posible prevaricación. La Junta de Gobierno local aprobó la adjudicación por medio de procedimiento abierto y con el objetivo de dar cobertura a los servicios de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos en el término municipal de Burgos.

El plazo de adjudicación era para un periodo de diez años. Y la ganadora fue Urbaser. El importe concreto fue de 159.635.137 millones de euros, incluido el 10% de IVA. La empresa, por su parte, se hizo con el contrato tras presentar una baja del 10,22 % sobre el presupuesto base de licitación. Y entre las exigencias asumidas, Urbaser debe, en el plazo de un año tras formalizar el contrato, reponer todos los contenedores y papeleras de la ciudad.

El PP nunca vio con buenos ojos este contrato. Los populares, de hecho, solicitaron al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que diera explicaciones sobre “la relación de los miembros de su Junta de Gobierno con la empresa Urbaser, así como con las personas que serán objeto de subrogación” incluso antes de la concesión. Y es que daban ya por hecha esa concesión del contrato.

«Cada vez tenemos más sospechas de esta forma de actuar, sobre todo a la vista de las irregularidades que se han puesto de manifiesto en el proceso y que han llevado incluso al Interventor a posicionarse en contra de la valoración de oferta técnica realizada en sede municipal», llegó a afirmar la portavoz municipal del PP, Carolina Blasco.