El juez elige los peores días para el PP

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Agentes de la UCO durante una intervención.
Juanan Jiménez
  • Juanan Jiménez
  • Responsable de la mesa de coordinación. Especializado en información nacional e internacional, breaking news, periodismo de datos y visualización, también escribo sobre motor y tecnología.

Faltaban poco más de 24 horas para el encuentro entre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cuando se puso en marcha una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la financiación ilegal del Partido Popular. Los registros no sólo coinciden con la trascendental cita entre Rajoy y Sánchez, también la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tiene una cita importantísima este viernes puesto que comparece ante la comisión de investigación en la Asamblea sobre corrupción.

El juez ordenó el registro de la sede popular en la calle Génova donde los agentes se incautaron de material perteneciente al ex gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner. Al mismo tiempo, se registraron también la casa de Javier López Madrid (OHL), su despacho en las oficinas del Grupo Villar Mir, así como su despacho profesional en la calle Núñez de Balboa.

No es la primera vez que un juez pone en marcha una operación contra el Partido Popular en vísperas de una cita importante. El pasado 26 de enero la Guardia Civil llevó a cabo una macrooperación contra la corrupción en el PP de Valencia. Los agentes detuvieron a 24 personas, se produjeron registros en ayuntamientos y en la Diputación. Esta redada contra la corrupción se produjo dos días antes del encuentro entre Mariano Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Podemos, Pablo Iglesias, como parte de la ronda de negociaciones con los líderes de los diferentes partidos. Rivera aseguró tras la reunión que Rajoy no era la persona adecuada para encabezar la lucha contra la corrupción.

El pasado mes de junio se produjo la misma secuencia de acontecimientos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entró el día 23 en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el marco de una operación contra la corrupción por un presunto fraude en cursos de formación. El foco de la investigación se centró en la etapa de gobierno del PP al frente del consistorio y entre los tres detenidos figuraba la exconcejal de Deportes. Al día siguiente, Cristina Cifuentes se presentaba a la sesión de investidura de la que salió elegida presidenta de la Comunidad de Madrid.

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