El juez Aguirre rechaza aplicar la amnistía a los investigados por la trama rusa del procés

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, rechaza aplicar la Ley de Amnistía a los investigados del caso Volhov, la causa que investiga la trama rusa del procés, es decir, los contactos del separatismo catalán con Rusia. En este caso hay un total de 12 investigados, entre los que se encuentra el ex presidente fugado de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. A todos ellos se les acusa de presuntos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. El magistrado indadmite también las recusaciones presentadas por Puigdemont y por el jefe de su oficina Josep Lluís Alay, entre otros.

El juez Aguirre se niega a amnistiar los hechos objeto de investigación que dieron lugar a la primera pieza, en que se incoaron diligencias por «la concesión presuntamente irregular de subvenciones públicas otorgadas por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (DIBA)». El magistrado sostiene que en la investigación han ido apareciendo indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que «dieron lugar a la apertura de diferentes piezas separadas», entre ellas a la pieza separada número 2, bautizada como Volhov.

En esta segunda pieza separada, en la que se investiga, entre otros, al empresario y ex dirigente de ERC, Xavier Vendrell, el juez Aguirre asegura que se produjeron presuntos desvíos de dinero público mediante concesiones de subvenciones irregulares a entidades deportivas. Las defensa, prosigue el juez, no han demostrado «qué operaciones de malversación han realizado [los acusados] y han servido para financiar el procès, qué cantidades utilizaron, a quién las dieron o de quiénes las obtuvieron», por lo que a su juicio tampoco serían hechos amnistiables.

En 2020, el juez abrió otra pieza separada, CATmón-Igman, en la que se amplió la investigación sobre a subvenciones concedidas y tramitadas, presuntamente de forma irregular, también por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña a la Fundació CATmón y a la Asociación Acción Solidaria Igman.

«Utilizaron el dinero de subvenciones»

Según el juez instructor, durante el transcurso de la investigación se evidencia que «algunos de los investigados utilizaron el dinero recibido por la concesión de subvenciones, presuntamente irregulares, mediante su extracción en efectivo y sin que haya podido acreditarse el fin último de dichas retiradas de dinero», por lo que estas conductas tampoco quedarían amparada bajo la Ley de Amnistía. En este caso, «no existe el menor asomo de que tengan relación con el fomento del independentismo catalán, con el proceso independentista».

Por último, el pasado mes de junio el juez Aguirre abrió una nueva pieza por la presunta injerencia rusa, con la Ley de Amnistía ya en vigor, en la que señalaba a los expresidentes de la Generalitat Puigdemont y Artur Mas, entre otros, de delitos de alta traición y malversación, dentro de la trama rusa del procés.

El abogado de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, interpuso un incidente de recusación contra el juez instructor que investiga la trama rusa del procés, alegando que Aguirre tiene «interés directo o indirecto en esta causa» y al que acusa, textualmente, de una absoluta falta de imparcialidad, el juez se opone a apartarse.

Boye pedía su recusación haciendo referencia a las manifestaciones recogidas en el auto del 21 de junio por la que pedía incoar una pieza separada de la injerencia rusa, pero también a una conversación que presuntamente Aguirre mantuvo en el ámbito privado y de la que se hicieron eco los medios de comunicación, así como por sus declaraciones en la televisión pública alemana y por las manifestaciones que hizo durante el interrogatorio a Vendrell.

El juez recuerda que ha denunciado ante la policía la divulgación de una conversación privada como una interceptación ilegal y una manipulación.

Conversaciones «privadas»

Además, señala que, el hecho de que se presentaran dos recusaciones en un breve lapso de tiempo (una por la pieza CATmón y otra por la injerencia rusa) revela «la utilización de un instrumento legal para apartar de un caso al juez predeterminado por la ley debido a que este juez está llevando a cabo una instrucción que no es del interés del recusante. Por lo tanto, existe un fraude de ley».

El juez Joaquín Aguirre rechaza apartarse argumentando que la recusación se fundamenta en unas presuntas declaraciones «realizadas en el ámbito privado, que han llegado a manos de un medio de comunicación por cauces desconocidos y presuntamente ilícitos».

Explica que esas declaraciones se hicieron públicas 6 meses después «de la fecha en la que se dice que se realizaron» coincidiendo con la desestimación de la primera recusación y justo después de haberse abierto la pieza Separada Injerencia Rusa, que investiga la trama rusa del procés.