El juez que investiga a Puigdemont por la conexión rusa rechaza la amnistía y envía su caso al Supremo

El juez Joaquín Aguirre, que instruye el caso de los contactos del separatismo catalán con Rusia, rechaza aplicar la Ley de Amnistía a los 12 investigados, entre los que se encuentra Carles Puigdemont. A todos ellos se les acusa de presuntos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona ha optado también por elevar la causa al Tribunal Supremo, con la correspondiente exposición razonada de los delitos antes mencionados.

Esta decisión llega después de que este lunes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordase el archivo de la causa de Tsunami, en la que se investigaba también a Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo también ante el Tribunal Supremo. El magistrado dictó esta resolución después de que la Sala de lo Penal declarase la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021. En esta causa figuraban un total de 10 personas investigadas, como el propio ex presidente fugado de la Generalitat o la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En la causa judicial que investiga la trama rusa del procés, catalogada como caso Voloh, se incluye a un total de 12 investigados, empezando por el propio Carles Puigdemont y su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, así como su abogado, Gonzalo Boye. También figura el ex presidente del Govern Artur Mas, el diputado Francesc de Dalmases, la ex consejera Elsa Artadi y el que fuera responsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas. El resto de imputados son Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko. El magistrado recalca que estas personas «se encuentran inescindiblemente unidas con la actuación presuntamente punible de Puigdemont».

El juez Joaquín Aguirre les vincula con presuntos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal por sus supuestas conexiones y contactos con agentes y autoridades rusas del Gobierno liderado por Vladímir Putin, especialmente tras la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Por ello, rechaza aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont y al resto de investigados en la trama rusa del procés.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona ha elevado el caso al Tribunal Supremo porque dos investigados están aforados: Carles Puigdemont y Francesc Dalmases, que es diputado de Junts en el Parlament de Cataluña.

«10.000 soldados rusos»

El magistrado intenta esclarecer una conversación en un restaurante en la que se mencionaban «10.000 soldados rusos» dispuestos a ayudar a Cataluña a conseguir su independencia. Esta conversación fue graba y encontrada en el móvil de un ex dirigente de Convergència. Este indicio se remonta a 2019, cuando se inició la causa, y no se han añadido otros relevantes desde entonces.

Aguirre citó en sus autos a Puigdemont en enero de este año. No había solicitado aún el suplicatorio al Parlamento Europeo a pesar de que entonces era eurodiputado, lo cual era necesario para poder interrogarlo. Ahora, el ex presidente fugado de la Generalitat es diputado electo del Parlament, lo que significa que está aforado y que obliga al juez a elevar la causa al Tribunal Supremo, que es lo que ha solicitado este semana.

A escasos días de que entrase en vigor la Ley de Amnistía, la Audiencia de Barcelona impidió al juez del caso Voloh, el pasado 4 de junio, seguir investigando las presuntas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos para el desafío separatistas en Cataluña. Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado abrió una nueva pieza separada, también relativa a las conexiones del secesionismo con Rusia y en la que figura también Carles Puigdemont.

No se le perdona la malversación

La semana pasada, el Tribunal Supremo rechazó aplicar la Ley de Amanistía a Carles Puigdemont y a los independentistas Toni Comín y Lluís Puig. Así lo decidió el juez Pablo Llarena, que negó perdonar el delito de malversación y acordó mantener la orden nacional de detención que pesa contra ellos.

Además, la Sala de lo Penal optó también por no aplicar la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al ex vicepresidente Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo, además, apuntó a una cuestión de inconstitucionalidad sobre si debe aplicar la amnistía en los delitos de desobediencia. La magistrada Ana Ferrer emitió un voto particular discrepante con excluir de la amnistía el delito de malversación y apoyó plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según el magistrados, los hechos que se les atribuyen a Puigdemont, Comín y a Puig reflejan que los encausados tenían la disponibilidad de los fondos públicos confiados al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que la utilizaron para hacer frente a los costes inherentes al referéndum ilegal que ellos mismos quisieron impulsar.

«Fueron ellos quienes concibieron el plan para lograr la independencia de Cataluña y adoptaron un Acuerdo de gobierno que firmaron todos ellos para asumir determinadas facturas desde sus departamentos. Consecuentemente, los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio», señaló el juez en el auto.