Torres fue indemnizado con dinero público tras el ‘robo’ del contrato de Metro que se llevó luego el hijo de Carmena

Torres era el ganador pero se lo quitó el bombardeo mediático de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos del hijo de la alcaldesa Manuela Carmena –Manuel Leira– y de la actual asesora de la primera edil de Madrid –Pilar Pereda– de forma arbitraria y sin respaldo legal, tal y como acabó reconociendo la Justicia.

La Junta del hijo y la asesora de Carmena combatieron el contrato acusándolo de fraudulento en la prensa y recurriéndolo hasta que consiguieron que Metro desistiese y anulase el concurso a causa de la polémica generada. Posteriormente ese contrato –de 1,9 millones de euros– acabó yendo al proyecto del propio hijo de Carmena y a sus socios, con los que Leira Carmena mantiene en estos momentos una sociedad –KWI MAD–.

La sentencia firme que hoy publica OKDIARIO demuestra que toda la operación fue un abuso legal. Que se arrebató sin fundamentación jurídica el contrato a Joaquín Torres contraviniendo la legalidad. Y, casualmente, ese fue el acto que abrió la puerta a que el proyecto ganador fuera el del hijo de Manuela Carmena.

Hay que recordar que tras quitarle el contrato a Torres, las presiones llevaron a Metro a permitir que el concurso se gestionara –en condición de secretario– por el propio Colegio de Arquitectos. Y que entre los que votaron en el Jurado estuvo presente un representante del Ayuntamiento de la madre de Leira Carmena.

Y hay que recordar igualmente que el recurso contra la concesión a Joaquín Torres fue gestionado personalmente –tras concederle poder la Junta del Colegio– la actual asesora de Carmena, Pilar Pereda.

La historia es sencilla. Se licitó en procedimiento abierto (publicado en el BOE 14/08/2014) el concurso para diseñar la nueva sede de Metro de Madrid. La resolución de adjudicación del concurso (27/04/2015) dio paso a la suscripción de contrato de redacción de proyecto básico, ejecución y dirección de obra para la nueva sede de Metro Madrid en Canillejas (21/05/2015).

En la reunión mantenida en fecha 29/09/2015 (solicitada por los arquitectos para presentar el proyecto), el nuevo consejero delegado Juan Bravo Rivera comunicó verbalmente y sin previo aviso su decisión de no continuar con el proyecto porque, casualmente, se decidió un cambio en la ubicación de la nueva sede de Metro de Madrid. El argumento justificaba tumbar el concurso.

Metro de Madrid se negó a abonar los daños y perjuicios causados (y establecidos en los propios pliegos) para el caso de desistimiento unilateral, obligando a Torres a reclamar judicialmente el importe de los mismos.

El Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Madrid dictó sentencia de fecha 7 de julio de 2.017, que condenó a Metro al pago de 16.451,96 euros. La sentencia fue recurrida y la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª) lejos de respaldar la legalidad de la ruptura unilateral del contrato, amplió el fallo condenatorio a través de sentencia de fecha 10/09/2018 a la cantidad adicional de 74.958,50 euros.

La cantidad que se pudo reclamar fue absolutamente irrisoria dada la redacción de los pliegos en comparación con los daños efectivamente causados, especialmente en cuanto al lucro cesante. Pero sí confirmó la legalidad y legitimidad de la adjudicación y, por lo tanto, la falta de respaldo jurídico para llevar a cabo la ruptura del contrato.