Montero se atasca: sus 4 leyes ‘estrella’ de igualdad en el limbo tras un año de Gobierno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no consigue encauzar ni abanderar ninguna de las cuatro leyes estrella de este área contempladas en el acuerdo de coalición sellado con el PSOE tras las últimas elecciones generales. Cuando se cumple ya más de un año desde que accediera a la cartera de Igualdad, el balance no es especialmente positivo para la dirigente de Podemos, quien o bien no ha logrado el consenso necesario con sus socios de Gobierno o ha cometido errores de bulto.

La ley de Libertad sexual -también conocida como ley del ‘sólo sí es sí’ o ley Montero al emanar de su departamento- se ha encontrado con el rechazo frontal y por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para este órgano, el anteproyecto de ley contempla «un aparente desplazamiento de la carga probatoria, pues parece configurar un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad».

De esta forma, según el CGPJ, se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia pues debería ser la defensa la que probara la inocencia y no la acusación la que pruebe la culpabilidad, uno de los pilares fundamentales del derecho español.

Con todo, Irene Montero ha desafiado a los jueces, cuyo dictamen no es vinculante, asegurando que su anteproyecto «será ley». Más allá fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, adscrita a su departamento, pues arremetió directamente contra el CGPJ diciendo que un informe de este tipo no puede tener «algo de meta jurídico o incluso de ideológico».

Por otra parte, la formación de Irene Montero se ha negado a firmar la Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que ambos partidos del Gobierno pactaron llevar juntos del Congreso -en lugar de partir desde el propio Ejecutivo- pero que finalmente fue registrada por el PSOE el pasado enero, calificándola como Ley Zerolo.

Los de Irene Montero y Pablo Iglesias consideran que con esta norma los socialistas pretenden «bloquear» o «frenar» las otros dos leyes restantes que figuran en el acuerdo, y que son la Ley Trans y la Ley contra la Discriminación de Personas LGBTI. Ambas saldrán del Gobierno como proyectos de ley.

Además, los morados esgrimen que en la Proposición de Ley integral para la igualdad de trato no han sido atendidas todas las cuestiones planteadas por la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial, dependiente del Ministerio de Irene Montero. De ahí que Unidas Podemos se abstuviera el pasado febrero en la toma en consideración en el Congreso.

«Negacionismo» de la mujer

Respecto a la Ley Trans y la Ley contra la Discriminación de Personas LGBTI, ambas competencia de Igualdad, todavía no han llegado al Consejo de Ministros, con el consiguiente retraso. Aquí el enfrentamiento con el PSOE es abierto, ya que las socialistas cuestiona el «negacionismo» de la mujer que se pretende desde el Ministerio de Igualdad con su apuesta por las tesis de la teoría queer.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo (PSOE), ha manifestado que el retraso se debe a que el Gobierno pretende lograr «una ley de alta calidad» con «seguridad jurídica» y «en el marco de la Constitución» como iniciativa que afecta a «los derechos de la ciudadanía». Según la número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, este fin se va a «alcanzar», aunque requerirá del «tiempo razonable».