Interpol detiene en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, el empresario al que ofrecieron ayuda las cloacas del PSOE

La Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) ha detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) a Alejandro Hamlyn, el empresario cuya compañía Hafesa fue declarada culpable por fraude de hidrocarburos por la Audiencia Nacional. Hamlyn no se presentó al juicio porque se había fugado del país. El empresario, a través de su empresa de energía, presuntamente perpetró un fraude de más de 154 millones de euros por no pagar el IVA de la comercialización de los hidrocarburos.

Alejandro Hamlyn está vinculado a la ex militante del PSOE Leire Díez, pieza clave en una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectasen a los socialistas y al Gobierno. La detención tuvo lugar este lunes y ya se han iniciado los trámites para la extradición, un proceso que se dilatará unos meses.

Por otro lado, ‘The Objective’ y fuentes judiciales han señalado que el empresario tenía una petición de extradición de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional por la causa de hidrocarburos a raíz de su no comparecencia en el juicio, la cual estaba cursada y pendiente de su detención.

El nombre de Hamlyn adquirió notoriedad después de trascender unos audios de una reunión por videoconferencia en la que el empresario participó desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con Leire Díez, en la que la exmilitante hablaba de recabar pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal José Grinda.

En aquel encuentro, el empresario vasco se ofreció a facilitar información comprometedora contra la UCO y, a cambio, Díez habló de favores judiciales a cambio, de acuerdo a los audios filtrados. Sin embargo, ambos negaron con posterioridad esos dos extremos.

El caso de los hidrocarburos salpica al PSOE

Los audios de esta reunión fueron el origen de la primera causa del ‘caso Leire Díez’ en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), en la que el magistrado Arturo Zamarriego imputó a la exmilitante, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol como presuntos autores de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Esta causa fue remitida recientemente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que integró esta parte de la investigación, relativa a maniobras contra la UCO, jueces y fiscales, a las diligencias relativas a la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y el Gobierno y los supuestos amaños en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por otro lado, la Audiencia Nacional condenó el pasado noviembre a multa a la compañía Hafesa Energía y a penas de cárcel a 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019.