Interior no investiga ninguna de las 100 denuncias del buzón anticorrupción para informantes anónimos

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 15/01/2025 06:45
  • Actualizado: 15/01/2025 06:45

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha abierto investigación alguna a partir del centenar de denuncias sobre corrupción remitidas en los dos últimos al Ministerio del Interior por lo que se conoce como informantes (whistleblowers, en inglés). Así lo reconoce el propio departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en una respuesta del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio del Interior recibió una solicitud ciudadana a finales del año pasado por la que requería tener conocimiento de las «denuncias presentadas a través del Sistema Interno de Información implantado en el Ministerio del Interior, conforme a lo estipulado en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informe sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción».

Tras analizar la solicitud, y «considerando que procede el acceso a la misma», la Subsecretaría de Interior aportó los datos reclamados. Según el Gobierno, hasta el pasado 22 de noviembre, el número de denuncias recogidas desde la inauguración del buzón anticorrupción en 2023 ascendió a un total de 100. De ellas, 14 se recibieron en los meses de 2023 en que estuvo activo dicho servicio, y 86 a lo largo de 2024 hasta la citada fecha de finales de noviembre.

Junto a ello, y aquí lo significativo, Interior reconoce que «el número de investigaciones abiertas» ha sido «cero», al igual que el «número de denunciantes protegidos» o el «número de sanciones impuestas». La resolución, con fecha de diciembre de 2024, está firmada por Susana Crisóstomo, subsecretaria del Ministerio del Interior.

Así, mientras los casos de corrupción, como la trama Koldo o la de hidrocarburos, han ido cercando al Partido Socialista de Pedro Sánchez, a su Gobierno y a su entorno más cercano, como su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra, ambos imputados, el Ejecutivo no ha abierto ninguna investigación a partir de las 86 denuncias llegadas en 2024 al conocido como Sistema Interno de Información del Ministerio del Interior, del que dependen tanto al Policía Nacional como la Guardia Civil.

El Gobierno de Sánchez reguló las condiciones de este buzón anticorrupción en las Administraciones públicas en el marco de la ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La norma, que permite «la comunicación anónima», fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de febrero de 2023.

Durante el debate parlamentario, el PSOE destacó «el compromiso de este Gobierno y de la mayoría de esta Cámara con la lucha contra la corrupción es firme y estable» y utilizó la redacción de esta ley para cargar contra el PP. El partido de Sánchez atacó a los populares recordando la salida «involuntaria» de Pablo Casado de la dirección de Génova, y del que dijeron los socialistas que «sería un buen beneficiario de esta ley, que quiere proteger a la gente que denuncia la corrupción».

Desde el PP criticaron que esta ley llegaba tarde, con «cuatro años de retraso», lo que hizo que España fuera denunciada por ello por la Unión Europea ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión, según apuntaron los populares durante la tramitación de este proyecto de ley en las Cortes.

Entonces, el partido de Alberto Núñez Feijóo también arremetió contra los socialistas con el argumento de que no estaban legitimados para «pedir a los ciudadanos que se conviertan en informantes de la corrupción, cuando han rebajado las penas a los corruptos, posibilitando incluso la excarcelación de los delincuentes malversadores del dinero público».

«Desvergüenza»

Entretanto, Feijóo se dirigió este martes a los socios de Pedro Sánchez que apoyaron en 2018 una moción de censura «contra la corrupción» para preguntarles si van a tener ahora «la desvergüenza» de apoyar la «salvajada» que supone la ley que han registrado el PSOE en la Cámara Baja para «salvar» a la familia del presidente del Gobierno.

«Sánchez está acabado. No porque lo diga yo, sino porque lo demuestra lo que hace y también lo que no hace. Ya no gobierna. Es imposible gobernar. Es imposible gobernar cuando solo puede estar pendiente de los problemas judiciales de su familia, de su Gobierno o de su partido», declaró Feijóo en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

El jefe de la oposición afirmó que la conocida como ley Begoña lo que persigue es «poner una mordaza al Poder Judicial, que está trabajando con libertad e independencia». En este contexto, Feijóo acusó a Sánchez de someter a España a un «proceso de erosión democrática sin precedentes», aludiendo también aquí a la citación como imputado del fiscal general del Estado por el caso de la filtración de datos personales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.