Interior gasta 4 millones «de emergencia» para afrontar «llegadas masivas» de ilegales a Canarias

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha gastado casi 4 millones de euros a través de diferentes contratos declarados como «de emergencia» para negociarlos sin publicidad para afrontar el «incremento exponencial de llegadas masivas» de inmigrantes a las Islas Canarias. Una situación que, desde el PP, advierten que podría empeorarse por el «efecto llamada» de la regularización de extranjeros en situación administrativa irregular anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde mediados de 2025, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de la cartera del juez de profesión, ha licitado seis contratos para la contratación de la obra, suministros y servicios necesarios para la prestación de los servicios de identificación y asistencia a inmigrantes en las costas de las Islas Canarias. Estas contrataciones ponen «especial referencia a la transformación de los CATE móviles de los centros de Arrecife (Lanzarote) y El Hierro, en CATE modulares», es decir, los centros de atención temporal de extranjeros.

Esta media docena de contratos se han licitado a través de una «declaración de emergencia» por la «extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador», es decir, para el Ministerio del Interior.

Más concretamente, Interior detalla que este contrato, fechado en diciembre de 2025, se suscribe «con motivo de la llegada de inmigrantes en situación irregular a las islas Canarias procedentes de las costas de África Occidental, especialmente Senegal, Gambia y Mauritania».

Esa situación, como detalla el Ejecutivo socialista en el documento que justifica haber negociado sin publicidad este contrato, «ha producido un incremento exponencial de llegadas masivas de un 126% respecto al año anterior, tanto en las islas orientales como occidentales».

«Desbordamiento» de la Policía

El Gobierno asegura que esta situación está «provocando un desbordamiento en las capacidades materiales, económicas y operativas de la Policía Nacional en el Archipiélago» y genera «una situación de emergencia con potencial para convertirse en una crisis humanitaria».

El primero de los contratos se formalizó hace menos de un año, en junio de 2025, con la empresa Sarquin Servicios Técnicos SLU, por un valor de 67.405,89 euros, para construir un centro modular flexible temporal para uso como Centro de Atención Temporal de Extranjeros en Arrecife, isla de Lanzarote (Las Palmas) . El mayor de todos ha sido el segundo, que se formalizó al mismo tiempo que la anterior, por un montante de 2.464.917,23 euros, con la compañía Mediohabit SL, para instalar esta edificación en el mismo lugar.

La formulación del tercero se produjo en agosto de ese año, con un importe de 75.468,30 euros para otro centro en Valverde, Isla de El Hierro, provincia de Santa Cruz de Tenerife. En octubre llegó el siguiente, 46.348 euros, para elevarlo en las inmediaciones del Puerto de Arrecife, isla de Lanzarote. En noviembre y en diciembre de ese año se produjeron otros dos gastos relevantes, de más de medio millón de euros cada uno, para ese mismo fin pero en Valverde (Isla de El Hierro, Santa Cruz de Tenerife).

Debido a la tramitación de emergencia, cuatro de estos contratos se han publicado en el mes de marzo, mientras que los primeros se empezaron a conocer a finales de 2025.

Regularización masiva de inmigrantes

Todo ello a pesar de que todavía no se ha puesto en marcha la regularización masiva de inmigrantes, que se calcula que afectará a 800.000 extranjeros en esa situación administrativa. PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Alberto Núñez Feijóo alertó hace unos días en Bruselas, donde se celebraba la Cumbre del PP Europeo, sobre los efectos de la regularización masiva de Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones» y advirtió de que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra desatada en Irán.