El Consell garantiza servicios mínimos del 100% tras el boicot de los correctores de la selectividad

El Gobierno valenciano ha solicitado unos servicios mínimos del 100% ante la decisión de los correctores de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de dimitir de su responsabilidad, lo que de facto dejaría a los jóvenes sin posibilidad de hacer el examen más importante de sus vidas académicas. La medida adoptada por la Consellería de Educación, que dirige Carmen Ortí, garantiza la celebración de las pruebas de acceso a la universidad de los próximos meses de junio y julio de este 2026.

Además, protege el derecho fundamental a la educación del estudiantado valenciano, recogido por el artículo 27 de la Constitución Española, según la propia Consellería. La convocatoria ordinaria de las PAU no sufre cambio y se llevará a cabo, como estaba previsto, del 2 al 4 del próximo mes de junio.

Tal como ha publicado este martes OKDIARIO, la asamblea del profesorado corrector de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) había amenazado con boicotear las de miles de jóvenes valencianos. En concreto, con que sus miembros renunciarán en bloque a sus puestos el mismo día en que se constituyan los tribunales en la Comunidad Valenciana.

Esas dimisiones de los correctores ya han comenzado a producirse este mismo miércoles. Y esta circunstancia es la que ha impulsado al Gobierno valenciano a adoptar medidas extraordinarias para garantizar que los jóvenes de Alicante, Castellón y Valencia puedan examinarse de las PAU.

La propuesta de servicios mínimos, solicitada por la secretaria autonómica de Educación, Esther Gómez, se fundamenta en tres pilares. Uno, el derecho fundamental a la educación, que recoge la Constitución. Otro, la normativa estatal de acceso a la universidad. Y el tercero, el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que el pasado 11 de mayo respaldó que los servicios mínimos en Segundo de Bachillerato fueran del 100% durante la huelga.

En aquel auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior valenciano reconoció que el interés general del alumnado que se enfrenta a las PAU es «preponderante» y que existe un «relevante interés general en que todo ese alumnado afronte esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba», como entonces publicó OKDIARIO.