La habilidad negociadora de Pons y la mediación de la UE, claves para conseguir el acuerdo del CGPJ

El acuerdo histórico que han alcanzado el Partido Popular y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido uno de los grandes hitos de la política española tras cinco años de bloqueo institucional. Ahora bien, este pacto tiene dos grandes impulsores sin los que no se hubiese podido diseñar un precontrato para garantizar la independencia de los jueces: el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y la Comisión Europea, cuyas aspiraciones para reforzar el Estado de Derecho en España asegurando la independencia del poder judicial se han visto por fin cumplidas.

González Pons ha mantenido en primera persona durante los últimos meses hasta cuatro reuniones para acercar posturas con el Partido Socialista y lograr un acuerdo para desbloquear el órgano de Gobierno de los jueces en España. Así, el pasado mes de marzo el dirigente popular mantuvo una tercera reunión con el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el comisario europeo Didier Reynders, que actuó como mediador, en la no se lograron avances. González Pons describió en aquel momento que el estado de las reuniones estaba «congelado»; sin embargo, continuó con su labor negociadora.

«Nosotros queremos una reforma del modelo del Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante y el Gobierno, lógicamente, en vísperas de la Ley de la Amnistía no está dispuesto a dar ese paso adelante en favor de la independencia judicial», manifestó González Pons después de la cita en Estrasburgo durante el mes de marzo.

Ahora, este objetivo que perseguía el vicesecretario del Partido Popular ha sido cumplido, pues el acuerdo rubricado por las dos formaciones incluye, en su punto cinco, las garantías de resguardar la independencia y la autonomía de los jueces. No sólo esto, sino que se ha incluido una cláusula, la número cuatro, que señala la intención de introducir, «de manera expresa», un nuevo modelo de «participación directa» y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ.

Por su parte, la Comisión Europea recomendó «la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial» en su informe sobre el Estado de Derecho relativo a España, un documento, que fue decisivo para forzar un pacto entre las dos grandes formaciones políticas de España. De esta forma, el acuerdo asegura que los socialistas elegirán a diez vocales y los populares a los otros diez de los 20 que componen el CGPJ.

Los jueces eligen a sus pares

Entre las medidas aprobadas en el acuerdo rubricado para la renovación del CGPJ destaca la «aprobación simultánea» de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la independencia judicial. Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio.

Siguiendo las recomendaciones de Bruselas, en esa ley se incluirá una disposición en la que se dará un plazo de seis meses a los vocales para que diseñen una reforma para la «participación directa» de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial.

Para ello, se determina que «en el plazo de seis meses, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos».

Presidente del Supremo

En el PP celebran que «el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo», de forma que «por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal». Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. Se ampliará de 15 a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo.

Igualmente, en Génova destacan que «los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al Plan de Calidad Institucional presentado por Alberto Núñez Feijóo en Cádiz en enero de 2023».

No más casos Dolores Delgado

El acuerdo implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. Es decir, lo que ocurrió con Dolores Delgado.

En concreto, se regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento del fiscal general del Estado, «de manera que no podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma».

PP y PSOE acuerdan también cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ.