El Gobierno vasco apela a los «derechos» del etarra ‘Txeroki’ para ocultar el informe que le excarceló

El Gobierno vasco de coalición entre el PNV y PSOE ha apelado a los «derechos» del etarra Mikel Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, condenado a 377 años por 20 tentativas de asesinato, para ocultar el informe que le permitió acceder a la semilibertad. El que fuera jefe de la banda terrorista ETA salió de prisión el pasado mes de febrero al aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, pese a no constar arrepentimiento de sus crímenes. Desde entonces, podrá salir de prisión de lunes a viernes y tendrá que volver para dormir en prisión y permanecer allí los fines de semana.

El Ejecutivo autonómico ha evitado expresar las razones por las que el etarra recibió esos beneficios penitenciarios en una respuesta por escrito a la solicitud de información de la diputada de Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez.

En su lugar, la administración vasca asegura que «cualquiera que sea la modulación de los derechos fundamentales en el ámbito penitenciario, a los que se encuentran cumpliendo pena privativa de libertad, no puede llegar a la privación, en lo que hace al caso, del derecho a la protección de datos de carácter personal». Es decir, que aunque estén condenados a prisión, no pueden perder el derecho a que se protejan sus datos personales.

El Gobierno vasco asegura que la normativa penitenciaria y de protección de datos exige a la Administración «un estricto deber de confidencialidad respecto a la información contenida en los expedientes de las personas internas».

«Vulneración de derechos»

Según indican desde el Ejecutivo autonómico, «estos expedientes incorporan datos especialmente protegidos de carácter personal, sanitario, psicológico, social y familiar». Y añaden que su «divulgación a terceros» podría provocar «una vulneración de derechos fundamentales».

A su vez, remiten «procedimiento judicial sustanciado en el juzgado de vigilancia penitenciaria», donde aseguran que están los documentos solicitados. Y argumenta que la Administración Pública «no puede disponer» de su contenido.

El Gobierno se niega no sólo a desvelar el contenido del informe que aprobó su semilibertad. También se niega a desvelar si Txeroki ha mostrado algún signo de arrepentimiento o de desvinculación con la organización terrorista ETA o de sus acciones criminales.

Desde las asociaciones de víctimas como Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco), denunciaron que el uso generalizado del artículo 100.2 estaba «desvirtuando el carácter excepcional de esta medida» así como el «requisito legal del arrepentimiento».

A ojos de esta asociación, consolida «una política penitenciaria orientada a facilitar la salida de prisión de los terroristas de ETA sin exigirles una verdadera desvinculación del entramado político y social que todavía hoy legitima el terrorismo».

El Ejecutivo vasco tampoco informa sobre las actividades laborales o formativas que va a hacer Txeroki y que son las que justifican sus salidas de prisión. Todo ello por los mismos motivos: proteger sus «derechos fundamentales».

377 años, 20 tentativas de asesinato

Txeroki, ex jefe militar de ETA, fue capturado en noviembre de 2008 en Francia, donde comenzó a cumplir prisión hasta que a principios de 2018 fue trasladado a España para ser juzgado por diversas causas pendientes. En julio de 2011 fue sentenciado a 377 años de cárcel por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa, 18 años por cada uno, y por un delito de estragos terroristas. Entre ellos, el intento de asesinato de la ex teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo (PSE) en febrero de 2002.

También ha sido condenado a otros 18 años de prisión por intentar matar a una periodista, la ex delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero en enero de 2002.