El Gobierno reconoce al Congreso que conocía el informe de la UE que aconsejaba cancelar el 8-M
El Gobierno ha reconocido a través de una respuesta por escrito del 1 de junio en el Congreso de los Diputados que conocía el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que, seis días antes del 8-M, aconsejó «evitar concentraciones masivas».
En la pregunta, registrada por el Grupo Parlamentario Popular, se insta al Ejecutivo a revelar «en qué fecha exacta alertó» dicha agencia europea «de que el riesgo de transmisión de coronavirus en España era muy alto» y cuándo aconsejó «medidas de distanciamiento comunitario y físico».
El Gobierno se remite, por primera vez, al documento del 2 de marzo, y reconoce que ese día «el ECDC publicó un informe de evaluación del riesgo y recomendó la adopción de medidas de distanciamiento social de manera proporcionada en función de los contextos epidemiológicos de cada país y los distintos escenarios».
«Tras este informe», prosigue en su respuesta, «se convocó con carácter extraordinario el Consejo Interterritorial el día 5 de marzo (95.270 casos, 237 en España, 3 fallecidos)». En dicha reunión, se añade, «el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan que un escenario de contención es el adecuado para la situación del momento».
Pese a conocer el informe y sus advertencias, Sanidad no adoptó las recomendaciones y siguió adelante con las manifestaciones ideológicas del Día de la Mujer.
Desoye las recomendaciones
En su lugar, el Gobierno destaca las medidas que se adoptaron y que, asegura, «van completamente en línea con las recomendaciones»: la celebración a puerta cerrada de competiciones deportivas y masivas con equipos de zonas de riesgo, la cancelación de los congresos, seminarios, jornadas o cursos en los que participen profesionales sanitarios, restricciones a ceremonias religiosas y en el acceso a las residencias de mayores y centros de día.
Sin embargo, el centro europeo era claro en sus avisos. Constataba, en base a la evidencia científica de otras epidemias, que cancelar eventos masivos podría «reducir la transmisión del virus» y pedía a los Estados miembros que implementasen «medidas de distanciamiento social individual», como «evitar los actos multitudinarios».
El documento europeo explicaba que los actos de masas «pueden conducir a facilitar la transmisión y propagación del virus» por los «contactos cercanos y prolongados entre personas».
Rechazó cambiar de escenario
Aunque Sanidad rechazó entonces elevar el riesgo y cambiar de escenario -algo que no se decidió hasta la semana siguiente- la UE contemplaba también la cancelación de eventos en la fase en la que se encontraba España, con zonas ya muy afectadas como la Comunidad de Madrid. La región contaba el 8 de marzo con 202 contagios, que se duplicaron al día siguiente.
Aunque la UE reiteró esos avisos pocos días antes del 8-M, la advertencia venía de atrás.
Como reveló OKDIARIO, ya el 10 de febrero publicó la guía ‘Pautas para el uso de medidas no farmacéuticas para retrasar y mitigar el impacto del Covid-19’, uno de los primeros documentos emitidos por la citada agencia europea sobre la epidemia.
Ese dosier dedica un apartado específico a las ‘medidas relacionadas con las reuniones masivas’, donde los expertos europeos destacaban que «la cancelación de reuniones masivas en la UE puede justificarse en casos excepcionales, por ejemplo, grandes conferencias con un número significativo de participantes en un área altamente afectada». Un escenario que se correspondería con la Comunidad de Madrid el 8-M.
Informe de la Guardia Civil
Como publicó este periódico, el segundo informe de la Guardia Civil entregado a la juez del 8-M, desvelaba que Fernando Simón recibió el 2 de marzo en su correo electrónico el dossier de la UE. Una evidencia de que el Gobierno era conocedor de los riesgos de las manifestaciones multitudinarias.
El documento, recogía la Benemérita, «fue remitido por la Secretaría del Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea a los miembros de dicho Comité, entre los que se encuentra el CCAES, mediante correo electrónico con fecha 2 de marzo a las 12:45 horas a los correos electrónicos del CCAES ([email protected]) y del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, D. Fernando Simón Soria».
El informe añade, según también lo informado por el centro de Simón, que «dado el carácter público del documento y dado a que es de general conocimiento y acceso, no se procedió a su distribución» y que «no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones de la Ponencia de alertas y Planes de preparación y respuesta de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial». Un hecho que no deja de resultar sorprendente dada la relevancia del documento.
El informe de la Guardia Civil constató además que el Ejecutivo era conocedor de la gravedad del coronavirus desde mucho antes de adoptar medidas. En concreto, el 10 de febrero Sanidad publicó un informe en el que se avisaba de la alta capacidad de contagio, la existencia de asintomáticos y la elevada letalidad.
Engaño al Congreso
En su respuesta, el Gobierno añade que el 12 de marzo el ECDC propone «en función del aumento del riesgo para Europa en ese momento, medidas de distanciamiento social, educativo y laboral que España ya estaba cumpliendo para las zonas de transmisión significativa y que ese mismo día 12 se ampliaron a todas las Comunidades Autónomas con consenso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud». Sin embargo, se ignora que la UE reclamó esas medidas desde mucho antes.
El Ejecutivo señala además que «todos los informes técnicos y de riesgo del ECDC son públicos» y asegura que el Ministerio «está en relación permanente» tanto con este centro como con la Comisión Europea «a través de reuniones técnicas y de alto nivel para asegurar la máxima coordinación».