El Gobierno se cae del guindo: descubre que los inmigrantes abusan de la ley para lograr residencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que existe una «utilización instrumental» de la protección internacional, es decir, un abuso del derecho, por parte de los inmigrantes ilegales para lograr la residencia. Así consta en el borrador de la nueva Ley de Asilo que tendrá que poner en marcha el Gobierno después de que la Unión Europea aprobara el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha elevado el anteproyecto de Ley de Asilo a audiencia pública, último paso antes de llevarlo al Congreso para votar la normativa. La norma aplica parte de los nueve reglamentos y la directiva que componen el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Este conjunto de normas europeas obliga a los Estados miembros a modificar leyes españolas, aunque parte de esos preceptos es de aplicación directa, es decir, ya ha entrado en vigor con su mera aprobación.

Una de las normas que tiene que modificar el Gobierno para cumplir con las obligaciones comunitarias es la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. El Ejecutivo socialista destaca en el borrador de la nueva norma el «desfase» de este cuerpo legal.

«El elevado número de modificaciones que habría que introducir en las normas españolas, unido al hecho de que los reglamentos del Pacto europeo contienen muchos aspectos de libre configuración para los Estados miembros, aconseja sustituirlas por una nueva ley de protección internacional y un nuevo reglamento de desarrollo, en los que se incorporen de forma integral todos los preceptos que incidan en la relación con las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional», reza el texto legal.

La exposición de motivos de esta nueva norma, que aún está en los trámites previos, reza que «la razón de ser» de las «autorizaciones de residencia por razones humanitarias» se ha «diluido por confusión con la variedad de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales que la legislación de extranjería ha ido agregando».

Es entonces cuando el Gobierno alerta de que la «pervivencia y aplicación extensiva» de este derecho ha «derivado en una utilización instrumental de las solicitudes de protección internacional para la obtención de este tipo de autorización». Es decir, el Ejecutivo reconoce que los extranjeros ilegales han abusado de esa protección, lo que, según el propio Gobierno, «ha lastrado gravemente la eficacia y eficiencia del sistema de asilo en España».

Requisitos más estrictos

Entre las novedades que incluye la nueva legislación, está una nueva medida para evitar los abusos de derecho: la denegación del «derecho a permanecer en España durante la tramitación del procedimiento administrativo» cuando el inmigrante ilegal formula «una segunda solicitud posterior o sucesivas solicitudes posteriores después de una resolución denegatoria definitiva dictada por cualquier Estado miembro».

Cuando entre en vigor esta nueva norma que está preparando el Gobierno al dictado de la Unión Europea, las solicitudes de asilo que se presenten por segunda vez para intentar retrasar la expulsión se considerarán «inadmisibles, infundadas o manifiestamente infundadas».

Del mismo modo, se negará el derecho a seguir en suelo español a los que presenten por primera vez una solicitud, pero que sea «con el único fin de retrasar o frustrar la ejecución de una resolución que daría lugar a la expulsión inmediata de la persona solicitante de España».

Además, se pone en marcha un examen acelerado para la expulsión y otro de frontera. Por un lado, se establece un proceso «más breve» para «facilitar una rápida ejecución del retorno de las personas». La finalidad, según admite el propio Gobierno, es «procurar un examen completo» en «el menor tiempo posible» para dar salida a las «solicitudes que probablemente sean infundadas».

Por otro lado, se obligará a los inmigrantes que han entrado ilegalmente a permanecer en «lugares designados en la frontera o en el territorio» y «sin que sean autorizados a entrar». Durante el tiempo que permanezcan en ese lugar, tampoco se «entenderá que han entrado en el territorio en ningún momento durante su tramitación».

Protección internacional en Ceuta

El propio Gobierno admitió que se estaba haciendo un abuso de la norma en el caso de los casi 80.000 inmigrantes llegados a Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aclaró el pasado martes que, en el proceso de triaje, es decir, el primer paso para identificar a los extranjeros, se les pregunta «si solicitan protección internacional».

«La mayoría responde que sí, pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a ella», admitía el también ex presidente canario. Y argumentaba esto en que «la mayoría de los que están pidiendo derecho a protección internacional son marroquíes».

En todo caso, Torres aclaraba que, con el mero hecho de decir que sí a esa pregunta, se inicia un trámite administrativo que alarga su estancia en España. El segundo paso es «una entrevista personal» que realiza la Policía Nacional con la Oficina de Atención al Refugiado y se «abre un expediente» que suele durar dos semanas.

Tras ello, el tercer paso es el análisis del expediente por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Este organismo tiene que decidir, con base en las circunstancias individuales del inmigrante, si le otorga o no protección internacional.

Si la Comisión Interministerial se la niega, el extranjero tiene dos semanas para presentar un recurso, que los tribunales deben resolver en un tiempo determinado. «El plazo máximo es de 12 semanas para tener el expediente concluso», admitía el ministro. Durante ese tiempo, hasta ahora, el inmigrante podía permanecer en España. Algo que el Gobierno pretende corregir ahora con la nueva norma.

Torres reconoció que tres cuartas partes de los inmigrantes que llegaron a Ceuta pedían la protección internacional, lo que retrasa el proceso de expulsión de las personas que participaron en la invasión.