García-Castellón: «Hay falta de entusiasmo en la Fiscalía para defender la independencia judicial»

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ofrecido una ponencia magistral en las I Jornadas Jurídicas de OKDIARIO en las que ha criticado la «falta de entusiasmo» por parte de la Fiscalía General del Estado a la hora de utilizar los mecanismos de los que dispone para «proteger la independencia judicial». Eso, sumado a los ataques que sufren jueces y fiscales, dibuja para García-Castellón un panorama «no muy alentador».

García-Castellón, que previamente ha denunciado los «ataques desacomplejados» que ha sufrido él mismo por parte de «ministros del Gobierno, diputados o senadores», ha recordado que «la defensa del Estado de Derecho como presupuesto del libre ejercicio de la libertad individual y salvaguarda del derecho de propiedad por parte de jueces y fiscales se ha encontrado con múltiples problemas, todos ellos de distinta naturaleza y gravedad». Por ello, ha agradecido a OKDIARIO que le haya dado la «oportunidad» de expresarse.

Ataques

«Se ha producido un hecho muy significativo en los últimos tiempos que merece ser analizado, que son los ataques a la independencia del poder judicial, que han pasado de ser externos, ajenos a la estructura del Estado, a ser internos, de dentro del propio Estado. Para ello, permítanme que mencione brevemente algunos hechos históricos que pueden servir para centrar el problema, para a continuación hacer una breve reflexión del momento actual», ha comenzado afirmando García-Castellón.

«El Preámbulo de la Constitución, redactado por el que más tarde sería el primer alcalde socialista de la ciudad de Madrid, Enrique Tierno Galván, proclamaba que la nación española, desando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. Como verán, desde el principio quedaba claro algo que por obvio no debe dejar de repetirse: no hay contraposición posible entre reconocimiento de la voluntad popular y el respeto al imperio de la Ley», ha recordado el magistrado.

«La Ley es el reconocimiento de la voluntad del pueblo válidamente expresada y es por tanto presupuesto necesario para la libertad, la justicia y la igualdad. O, dicho de otro modo, si se quiebra la Ley o se dificulta o entorpece su correcta aplicación por parte de los jueces y tribunales, surge la desigualdad, la tiranía y la injusticia», ha esgrimido García-Castellón, que considera que «el poder judicial juega una función esencial en la preservación de los fundamentos sobre los que se asienta nuestra democracia». Un papel que asumió la Audiencia Nacional «antes de que entrara en vigor la Constitución».

«Aquel día el legislador fue previsor, era consciente de los ataques que el Estado estaba sufriendo desde distintos frentes, entre los cuales el terrorismo no era uno menor. Teníamos entonces el ejemplo muy negativo de lo que estaba pasando en Italia, donde las organizaciones criminales estaban derribando al Estado mediante el asesinato sistemático de jueces y fiscales», ha continuado García-Castellón, que recuerda cómo en Italia «los jueces y fiscales eran fácilmente localizables por las bandas mafiosas a través de los informantes infiltrados en todo el cuerpo social y que pasaban todos los datos necesarios para su ejecución posterior».

«Esto mismo podría haber sucedido en España si no se hubiera sustraído a los distintos juzgados y tribunales fuera del País Vasco la investigación de esos delitos de terrorismo», ha opinado el juez, que considera que centralizar en Madrid este tipo de investigaciones y encomendarlas a un reducido grupo de jueces y fiscales «facilitaba la protección de los mismos y los hacía menos permeables al terrorismo».

Sin embargo, añade el juez, «la medida de centralizar la Audiencia Nacional en Madrid no fue completa en cuanto a la protección que se daba a los jueces, pues a diferencia de los policías, que se identifican con un número en los distintos atestados e informes, los jueces y, a veces, los fiscales se identificaban con su nombre y apellidos». «A este respecto, recuerdo lo que me dijo un querido compañero de la Audiencia Nacional, que me recomendó que no tuviera ningún contrato y ningún recibo a mi nombre, pues es muy fácil rastrear el domicilio, con las consecuencias que te puedes imaginar». «Hubiera hecho falta una legislación mucho más acorde a la situación y, si me permiten, más imaginativa, pero la realidad es que no se hizo», ha alegado.

«Es en esos años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco cuando la actividad terrorista se incrementa de forma exponencial. Las dos amnistías que se conceden es esos momentos provocan la salida a la calle de cientos de miembros de las organizaciones ETA, Grapo y Frac, condenados o no, y que en una proporción muy importante, corrieron a integrarse en sus bandas», ha recordado el juez, que cree que «hubo una cierta ingenuidad en el legislador».

«Esa experiencia nos permitió entender pronto que estas organizaciones no luchaban contra el régimen de Franco, sino que lo que querían era sustituir una dictadura militar por una dictadura del proletariado. En este sentido, recuerdo lo que respondió Felipe González hace unos años a la pregunta de por qué había ingresado en el PSOE y no en el PCE, a lo que contestó que porque no quería cambiar una dictadura por otra», ha explicado el magistrado, que recuerda que esa situación «puso también de manifiesto el gran agujero que había en la colaboración policial y judicial con Francia».

«En mi actividad, pude comprobar que, desgraciadamente, era así. De hecho, en la práctica, todas las direcciones de ETA cayeron en Francia, lo cual quiere decir que se encontraban ahí y no en España, donde, probablemente, no habrían podido ni siquiera llegar a establecerse. Ustedes dirán que si las direcciones de ETA fueron cayendo una tras otra en Francia, por qué hablar de falta de colaboración con España. Pero hay que tener en cuenta que esas direcciones caían por la labor incesante, y yo diría semiclandestina, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Actuaban de forma clandestina muchas veces, puesto que si eran descubiertos vigilando podían ser puestos inmediatamente en la frontera, como así pasó en más de una ocasión», ha lamentado García-Castellón.

«La actividad de ETA en Francia era conocida por los servicios de seguridad de aquel país. Es un asunto sabido desde antiguo», ha condenado el magistrado, que ha querido recordar una anécdota: «Cuando tenía 20 años, fui con unos amigos al País Vasco francés. Y en dos ocasiones, distintos grupos de individuos de aspecto muy poco recomendable, nos exigieron que nos identificáramos para comprobar si éramos españoles y si pudiéramos ser policías. Todo esto se hacía a la vista, sin ocultarse y con pleno conocimiento de la Policía francesa».

«Al poco de llegar yo a París como juez de enlace, en el año 2000, se propuso sustituir en lo referido a los delitos de terrorismo la extradición, que es un mecanismo muy pesado, por uno mucho más ágil, que es la orden europea de detención, y que superaba con mucho la eficacia. Pero las autoridades de Francia nos dijeron que no porque eso era atentar contra su soberanía. Pero como después sucedieron los atentados del 11 de septiembre. Entonces, EEUU transmitió a la UE la necesidad de adoptar de forma inmediata ese mecanismo. Y así se hizo. Dicho mecanismo se basa en el mutuo principio de confianza entre jueces. De modo que si un juez europeo solicita la detención de un hombre en otro país, se procede a ejecutarlo. Pero, desgraciadamente, esto no ha sucedido siempre como debería haber pasado. Ha seguido reinando en muchos casos la desconfianza», ha expuesto García-Castellón, que ha enfatizado, como claro ejemplo de ello, que «a día de hoy sigue habiendo más de 300 atentados sin resolver».

«Con esto, llegamos a la época presente. La labor de los jueces de la Audiencia Nacional ha sido objeto de ataques, desde atentados a la utilización de medios para intentar el desprestigio personal y profesional. Pero lo que ha supuesto un hecho novedoso, que podemos definir como inquietante, es que estos ataques han dejado de provenir del entorno de los propios delincuentes a verterse desde otras instituciones del Estado. Y no como una crítica a las resoluciones judiciales, sino como intento claro de desprestigiar la labor de la Justicia cuando esta ha pasado a suponer un obstáculo a determinados intereses políticos. Esta actitud comenzó con la investigación de los GAL, y posteriormente con la supresión de la figura del desacato del Código Penal, que dejó desprotegidos a los jueces de las calumnias e injurias que se pudieran producir en el ejercicio de su labor, y ante las cuales el juez tenía las manos atadas, pues la reacción automática a dirigir acciones penales contra esos individuos suponía el definitivo apartamiento de la causa», ha expuesto el juez, que critica la eliminación de la figura del desacato porque «libraba al juez de tener que actuar personalmente, haciéndolo en su nombre el Estado». «Las consecuencias están a la vista», ha lamentado.