La Fiscalía pide archivar el ‘Delcygate’ porque «no es suficiente la mera ilegalidad» para aceptar la prevaricación

La Fiscalía ha vuelto a salir al rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahora con el Delcygate. Acaba de solicitar el sobreseimiento provisional del caso Delcy o Delcygate. Y lo acaba de hacer con el siguiente argumento para no considerar la existencia de prevaricación: «No es suficiente la mera ilegalidad […]. La sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible».

El caso de la entrada en España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas en Venezuela, pone contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez. La UE exigió el bloqueo y la prohibición de su entrada en territorio comunitario por violar derechos fundamentales como protagonista de excepción de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero la Fiscalía ha considerado que el caso no merece más atención penal. La explicación del Ministerio Fiscal señala que «ha venido considerando el Tribunal Supremo que, para alcanzar la tipificación del artículo 404 CP [prevaricación], no es suficiente la mera ilegalidad o la simple contradicción con el derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última ratio».

Principio de intervención mínima

El fiscal añade que «el principio de intervención mínima implica que la sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible. Uno de los supuestos de máxima expresión del Derecho Penal aparece cuando se trata de una adecuada reacción a orientada a mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Derecho Penal sólamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a la legalidad, constituidos por aquellas conductas que superan la mera contradicción con el derecho para erigirse en un ataque consciente y grave a los intereses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger».

Por todo ello, la Fiscalía considera que «es necesario distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito».

Por lo que «a pesar de que se trate de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable, no pueden identificarse simplemente nulidad pleno derecho y prevaricación».

Hay que recordar que el fiscal Enrique Remón Peñalver, que solicitó a la juez Carmen Rodríguez-Medel el archivo de la causa del 8-M -en la que se investigaba por prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid José Manuel Franco- es también el que ahora sale al rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez y solicita el sobreseimiento provisional del caso Delcy o Delcygate. Una causa que ponía contra las cuerdas a miembros del Gobierno y que planteaba la posible imputación de la mano derecha del presidente, José Luis Ábalos.

Remón Peñalver es el fiscal decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Firmó junto a su compañera Gloria Yoshiko la petición para abortar la investigación judicial por la autorización de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid que instruía la titular del Juzgado de Instrucción 51, Rodríguez-Medel. El escrito señalaba que no existía el delito de prevaricación cometido presuntamente por el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

Lo más sorprendente es que esta decisión se tomó después de una reunión en la Fiscalía General del Estado a la que asistieron los dos fiscales de la causa citados y la mano derecha de Dolores Delgado: el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz. Al encuentro también asistió el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que fue el encargado de emitir un informe en contra de la admisión a trámite de las querellas interpuestas contra el Gobierno por la gestión durante la crisis sanitaria. El objetivo de esta reunión era «aunar criterios». La resolución se manifestó contraria al procedimiento que afectaba indirectamente al Gobierno de Pedro Sánchez.

El fiscal Remón Peñalver sale al rescate del Gobierno otra vez. En esta ocasión para dar carpetazo al caso Delcy o Delcygate en el que se investigaba, por posible prevaricación, el encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez, el 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La número dos de Maduro tiene prohibida su entrada en la Unión Europea por las sanciones que pesan sobre Venezuela debido a las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en el país.

La firma de Remón Peñalver aparece plasmada en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO junto a la rúbrica de la fiscal Olga Muñoz Mota.