Energía Centros de datos

Quién se beneficia y quién pierde en la carrera de construir miles de centros de datos

Un estudio de Georgia Tech demuestra que las zonas rurales apenas notan el auge de los centros de datos

Las grandes urbes acaparan casi todo el beneficio económico mientras el campo se queda con las migajas

En el corazón de un centro de datos urbano: un vecino silencioso más sostenible de lo que te imaginas

data-centers
Antonio Quilis
  • Antonio Quilis
  • Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.

Cada vez que un centro de datos aterriza en una comarca, sus vecinos oyen la misma promesa: empleo, riqueza y progreso. Pero la factura de la luz sube y buena parte de esas ganancias nunca llega a quien vive al lado.

La inteligencia artificial está transformando el funcionamiento de las empresas y ha desatado una oleada histórica de construcción de centros de datos en Estados Unidos. Estas moles, que a veces superan las 400 hectáreas (más de 1.000 acres), forman una de las mayores olas de inversión de capital de la historia del país.

Rechazo vecinal

Para las comunidades que los acogen, ese crecimiento llega hasta la puerta de casa, y no sin polémica. La pregunta que muchos vecinos se hacen es sencilla: ¿qué aportan de verdad estas instalaciones a la economía local que las hospeda?

Un nuevo estudio de Daniel Yue, profesor de Gestión de Tecnologías de la Información en la Scheller College of Business de Georgia Tech, y de su coautor Yiyang Zeng, examina cómo la apertura de un centro de datos afecta al empleo, los salarios, la actividad empresarial y el precio de la electricidad. Su conclusión: la geografía es determinante a la hora de saber si una comunidad gana algo real.

«Enormes cantidades de capital fluyen hacia comunidades concretas, gran parte ligada a obra nueva, mientras las pruebas rigurosas sobre los beneficios locales eran escasas», señala Yue. «El rechazo vecinal se ha organizado muy rápido por todo el país», añade el investigador.

Una ola histórica

En Estados Unidos hay ya más de 2.500 centros de datos activos o en construcción. Cada instalación hiperescalar puede costar más de 1.000 millones de dólares (unos 870 millones de euros) y consumir tanta electricidad como una ciudad pequeña. ¿Compensa?

De media, cuando un centro de datos abre, el condado que lo acoge nota un empujón medible: el empleo sube un 3,5%, los salarios un 5%, los establecimientos empresariales casi un 5% y la renta de los hogares en torno a un 2%. Los permisos de obra también se disparan.

Son ganancias reales y económicamente relevantes. Pero Yue y Zeng descubrieron que son mucho menores de lo que cabría esperar de una inversión tan grande. Y, sobre todo, no se reparten por igual.

data-centers-construcción

Las ciudades ganan

El hallazgo más claro de los investigadores es que las áreas metropolitanas capturan casi todo el beneficio económico, mientras que las zonas rurales apenas perciben efectos indirectos. Los condados urbanos ganaron empleo y nuevos negocios; los rurales, ninguna mejora medible.

La razón está en lo que los economistas llaman «aglomeración», es decir, densidad económica. Un centro de datos no opera aislado: depende de constructoras, ingenieros, proveedores de equipos, servicios profesionales y mano de obra cualificada.

Esas conexiones son mucho más fáciles de tejer donde ya existen mercados laborales profundos y redes empresariales asentadas. Las ciudades absorben el gasto indirecto: los empleados técnicos bien pagados sostienen restaurantes, comercio y servicios, y los proveedores escalan deprisa.

El campo pierde

En el mundo rural, esa amplificación es mucho más difícil. Las instalaciones suelen emplear a muy pocos trabajadores fijos, a menudo menos de 100, y muchos servicios especializados se importan de fuera del condado. Así, el efecto multiplicador nunca llega a materializarse.

Eso no significa que las comarcas rurales no ganen nada. La investigación detecta una caída pequeña pero real del desempleo y posibles ingresos fiscales o mejoras de infraestructura. Pero el gran salto de empleo y salarios que se promete en las campañas de captación difícilmente llegará solo.

«Es la ubicación, no el tamaño de la instalación, lo que determina si los beneficios locales aparecen», resume Yue. Un mensaje incómodo para los territorios que apuestan por estos macroproyectos como palanca de desarrollo.

Factura de la luz

El estudio destapa además una contrapartida clave. Los centros de datos consumen una enorme cantidad de electricidad: una sola instalación grande puede gastar tanto como unos 80.000 hogares. Y allí donde el precio puede medirse con claridad, la electricidad se encarece en torno a un 5% tras su llegada.

«Cuando los beneficios para la comunidad son pequeños, hasta los inconvenientes, como una luz más cara que tensiona la red, los sufren los locales», advierte el investigador. El coste, subraya, recae sobre quien menos margen tiene.

Quién paga ese sobrecoste no es evidente. Las eléctricas reparten los gastos de forma distinta entre hogares, empresas y grandes consumidores industriales, y como el sistema varía según el estado, cada desarrollo es un caso único.

data-centers

Letra pequeña

Mientras estados y ciudades pelean por atraer o frenar estos proyectos, los autores esperan que su trabajo empuje decisiones basadas en pruebas. Para las urbes con mercados laborales fuertes, los centros de datos aportan ganancias reales, aunque no transformadoras; para el campo, el panorama es más complejo.

«Dentro de 10 años, las comunidades desearán haber exigido más sobre la calidad de la propia decisión», advierte Yue. «Es vital mirar más allá de los vistosos paquetes de incentivos y fijarse en los detalles: bonificaciones fiscales, tarifas eléctricas y quién paga al final las mejoras de infraestructura», concluye.

A medida que los centros de datos siguen salpicando el paisaje, entender dónde generan valor compartido y dónde no será decisivo para responsables locales y legisladores.