«He intentado reflejar un sentimiento abrumador»: las sobrecogedoras imágenes aéreas de la España calcinada

El Cessna L-19/01 Bird Dog sobrevuela a duras penas los espacios quemados de los incendios forestales que han provocado la primera emergencia de interés nacional causada por el fuego. A bordo de la avioneta está Pedro Armestre, cámara fotográfica en mano, para plasmar los devastadores efectos de unos incendios de sexta generación.

Al ver las imágenes del reportaje, te quedas sin respiración, con el alma encogida. Son instantáneas realizadas junto a Greenpeace, unas fotos fijas que recogen lo duro que ha sido esta catástrofe, pero que también quieren dar un aldabonazo a la sociedad, a los gestores y a los políticos. El mensaje que llega con este vuelo es claro: hemos sido derrotados por el fuego y por la falta de prevención.

El vuelo del frágil Cessna difiere mucho de las imágenes que hemos visto estos días de las autoridades sobrevolando los incendios que provocaron el estado de emergencia. Ellos observaron desde las alturas la dimensión de la calamidad que se cernió sobre Ávila, Toledo y Madrid. Eran instantáneas y vídeos oficiales, casi mudos, que sólo aportaban su imagen de preocupación.

La otra mirada

Hoy tenemos imágenes exclusivas de la tragedia humana y ambiental captadas desde el aire por el fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre. Desde una avioneta accedemos a la otra forma de ver el triste resultado de las llamas: cómo han devorado decenas de miles de hectáreas. Vistas aéreas de los incendios de Almorox (Toledo), Madrid Oeste, Burgohondo (Ávila), Brieva (Segovia) y La Mierla (Guadalajara).

El vuelo de Armestre contrasta visiblemente con los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, que emplearon sendos helicópteros militares; con el de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, en otra aeronave oficial; y con el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un helicóptero del SUMMA 112.

Durante esos trayectos les hemos visto en fotos y vídeos asomados, conociendo o «inspeccionando» las graves consecuencias de las llamas. Unos incendios que emplearon a miles de personas para apagarlos, casi 100.000 desplazados o confinados y 78.000 hectáreas calcinadas en Ávila (Burgohondo, Navaluenga y Piedralaves) y en la sierra oeste de Madrid.

Los vuelos oficiales

Los gabinetes de prensa nos pasaban a los medios estas imágenes casi al instante de producirse. El testimonio de sus sobrevuelos por encima de la catástrofe. Llegaban de forma apresurada, empujadas por la emergencia, para dar explicaciones y proporcionar información de última hora.

De forma opuesta, el vuelo de Armestre y de Greenpeace se realizó el pasado viernes, un día después de cancelar la emergencia nacional, durante toda una jornada. «Fue un vuelo complicado por las térmicas y los buitres. Recorrimos los espacios quemados. El equivalente al 60% de todo lo quemado este año», nos comenta Armestre al enviarnos las fotos. La avioneta de observación, con un morro pintado con una fiera dentadura y la lengua fuera, sobrevoló los terrenos calcinados sin descanso.

Durante las jornadas de los incendios, las autoridades, desde las alturas, compartían protagonismo con los paisajes negros, las llamas y el humo. En estos 7 días de emergencia nacional saltaron las alarmas sobre el estado de campos, bosques y monte bajo; se abrió el debate sobre si los medios que tenemos en España son suficientes y sobre el abandono de las labores de prevención.

Se apaga el foco

Ahora, cuando la preocupación por las llamas va debilitándose, parece que las miradas desde el aire —y también las de tierra firme— han dejado de centrarse en este desastre ambiental. Se apaga la tensión informativa justo cuando regresan a sus hogares las decenas de miles de personas afectadas y angustiadas. Ahora que todo está quemado, lleno de cenizas.

Sin embargo, no todos han olvidado este desastre. Siguen preocupados por las causas y por los efectos. Llevan años advirtiendo de que hay que cambiar el modelo de gestión de los espacios naturales. Greenpeace ha numerado las 14 fotografías de Pedro Armestre para explicar qué se esconde en cada plano.

El fotógrafo resume así su intención: «He intentado reflejar un sentimiento abrumador, aunque siempre con la esperanza de ser capaces de revertir la situación». El trabajo aéreo llegó incluso a zonas no fotografiadas hasta ahora en los graves incendios de Toledo, Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.

107.000 hectáreas

El verano de 2026 ha dejado varios hitos para la historia de los incendios forestales en España, tanto por su magnitud y virulencia como por el número de afectados y fallecidos. Los focos de la segunda quincena de julio comenzaron en Brieva (Segovia), Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) y La Mierla (Guadalajara). Llamas que trajeron al centro de la península una realidad ya vivida en otras comunidades durante 2025.

Los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) sobre los perímetros de estos cinco grandes incendios arrojan una estimación de 107.041 hectáreas, el 59,46% de la superficie quemada hasta la fecha (180.000 hectáreas). Destacan Burgohondo (Ávila, 44.447 hectáreas) y La Mierla (Guadalajara, 32.100 hectáreas) como los mayores del año.

Durante las dos olas de calor de la segunda quincena de julio, los incendios alcanzaron proporciones y daños nunca antes vistos. El fuego se cebó especialmente con las urbanizaciones del suroeste de Madrid, dejando en evidencia el incumplimiento de la Directriz Básica de Protección Civil, que obliga a los municipios a redactar planes de emergencia y a las urbanizaciones de la interfaz urbano-forestal a elaborar planes de autoprotección.

La interfaz urbano-forestal

Entre las zonas residenciales más castigadas figuran El Encinar del Alberche (Villa del Prado), El Club (Navas del Rey) y varios complejos de San Martín de Valdeiglesias, como Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, Javariega y Veracruz. Armestre conoce bien por qué el fuego resulta aquí tan difícil de frenar: «Las dimensiones del incendio son muy grandes, con una orografía y unas masas forestales muy variadas», explica.

El fotógrafo señala el que considera el gran problema: el tipo de incendio. «El interfaz urbano-forestal obliga a los equipos de extinción a priorizar las vidas humanas primero, las viviendas después y dejar para el final las masas forestales», detalla. A su juicio, «es inviable la extinción de un incendio de esas características con los recursos de los que se dispone en las comunidades autónomas».

Armestre reparte también la responsabilidad. «Existe una responsabilidad individual y no se puede dejar todo en manos de la administración», advierte. «Hay que cumplir los planes de prevención. Es muy bonito vivir en una finca con árboles, pero es obligatorio respetar las distancias mínimas de seguridad para evitar desastres», recalca.

El coste humano

El balance de esta crisis es demoledor. Los incendios han dejado 15 personas fallecidas y más de 100.000 desalojadas o confinadas en Ávila y Madrid, a consecuencia del incendio de Burgohondo. Ese foco ya es el mayor desde que se tienen registros y obligó a declarar, por primera vez, el nivel 3 y la emergencia nacional por incendios.

Los daños han sido dramáticos también en los espacios humanizados: urbanizaciones, campings, instalaciones turísticas, negocios de restauración, naves industriales y explotaciones ganaderas, agrícolas o apícolas que debieron ser desalojados. El daño al tejido socioeconómico compromete el futuro de muchas familias y numerosos puestos de trabajo. El fuego no sólo calcina ecosistemas forestales: arruina el futuro del medio rural.

El impacto sobre el medio natural ha golpeado de lleno a espacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000 de la UE: el Pinar de Almorox (Toledo), el Valle de Iruelas y el Castañar del Tiemblo (Ávila), el entorno del embalse de San Juan (Madrid), el valle del río Pirón (Segovia) y la Sierra Norte de Guadalajara. Auténticos tesoros del patrimonio natural del centro peninsular.

El chapapote de monte

Estos enclaves albergan poblaciones de flora y fauna protegidas. Entre ellas destaca el buitre negro (Aegypius monachus), cuya colonia en el Valle de Iruelas es la más numerosa de Castilla y León y una de las mayores de España y Europa. También el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), presente en el suroeste de la Comunidad de Madrid con varias áreas de nidificación y campeo.

Pero la amenaza no termina con las llamas apagadas. El color negro y gris que domina las imágenes delata un peligro inminente: las próximas lluvias encontrarán un suelo sin vegetación y arrastrarán ingentes cantidades de tierra y cenizas por vaguadas y arroyos. El agua de los ríos puede convertirse en una corriente de lodo, el llamado chapapote de monte.

Ese arrastre llegará hasta los embalses y las zonas de captación de agua para consumo humano. Además de inutilizar temporalmente los sistemas de depuración, alterará la calidad y la composición química del agua y afectará a los ecosistemas acuáticos, con grave daño para la fauna y la flora amenazadas. Por eso urge liberar presupuestos para levantar diques de retención en las laderas quemadas.

Armestre insiste en mirar más allá del verano. «No hay que olvidar lo que viene una vez finalizado», apunta el fotógrafo, que alerta sobre «las consecuencias de las escorrentías de ceniza hacia las aguas de consumo humano». Un riesgo que, recuerda, obliga a priorizar las zonas vitales para el abastecimiento de la población.

Detrás de esta sucesión de catástrofes hay un factor de fondo: el cambio climático aumenta el riesgo de grandes incendios como los vividos. Tras la cuarta ola de calor del verano, la humedad del suelo se ha reducido a niveles extremos y la vegetación se encuentra en estado de estrés hídrico, convertida en un combustible perfecto.

Con viento, ese combustible propaga el fuego a gran velocidad. Y si coincide con fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, se crean escenarios de incendios de alta intensidad que se vuelven ingobernables y superan la capacidad de respuesta de los equipos de extinción. El pasado julio, 13 días estuvieron bajo una situación de ola de calor, casi la mitad del mes.

Fuera de control

Bajo esas condiciones, los expertos en emergencias se ven obligados a calificar el fuego como «fuera de la capacidad de extinción» y a esperar a que cambie la meteorología. Es el punto en el que la prevención deja de ser una opción para convertirse en la única defensa posible.

Por eso Greenpeace urge a un cambio de paradigma en la lucha contra los incendios, centrado en la prevención y la gestión del territorio. La organización reclama planes de prevención locales dotados de recursos reales, mejores alertas a la población y un adelanto de las restricciones de seguridad ante las olas de calor extremo, recordando que el 95% de los fuegos del país tienen origen humano, por negligencia o intencionalidad.

La receta política la resume el portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España. «La solución a los grandes incendios y a veranos como el que estamos viviendo no vendrá a través de la utilización de estas crisis como arma política y de desgaste del adversario», sostiene Miguel Ángel Soto. La salida, defiende, pasa por «un gran acuerdo político y social que incorpore las propuestas ya consensuadas por las organizaciones de la sociedad civil».

Un cambio de paradigma

Ese acuerdo debería traducirse, según Soto, en «reformas, presupuestos y medidas concretas para empezar a invertir la tendencia actual que nos lleva al incremento de los grandes incendios de efecto devastador». Greenpeace pide al Congreso que escuche el consenso alcanzado entre profesionales de la extinción, sector forestal y ecologistas para pactar una financiación estable y una fiscalidad favorable a la gestión forestal.

Al Gobierno central le reclama una estrategia estatal centrada en la prevención: educación ambiental, más investigación sobre las causas del fuego y mayor dotación para la Fiscalía de Medio Ambiente, el Seprona y los agentes forestales. Y a Gobierno y comunidades autónomas les exige una inversión de al menos 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal y actuar cada año sobre un mínimo del 1% de la superficie forestal española.

A las autonomías les pide, además, reforzar la planificación preventiva, los dispositivos de extinción y el cumplimiento de la legislación de biodiversidad y restauración de las zonas quemadas. Un paquete de medidas que la organización considera imprescindible para frenar el abandono del medio natural.

Greenpeace lanza, en definitiva, una llamada a transformar la solidaridad que surge en los momentos más dolorosos en un compromiso político y social tangible, permanente e integral. La organización exige una política pública estable, ajena a los ciclos electorales, con colaboración entre todas las administraciones y participación activa de la sociedad civil y la comunidad científica.