Marlaska maniobra para arrebatar a Robles la cibervigilancia sensible del CNI

Caso Pegasus
El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Defensa Margarita Robles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha maniobrado, a través del Grupo Parlamentario Socialista, para presentar una Proposición No de Ley (PNL) que le dé potestad para arrebatarle a su compañera Margarita Robles, ministra de Defensa y responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las competencias de ciberseguridad y cibervigilancia de información sensible que actualmente controla el CNI. La mala relación entre ambos es sobradamente conocida.

En la PNL impulsada por Marlaska, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se solicita «la aprobación de un Plan Director de la ciberseguridad en el ámbito del Ministerio del Interior». Lo que podría parecer una tontería a primera vista, según las fuentes consultadas, no lo es, pues desde Interior tratan de quedarse con unas competencias que no les corresponden utilizando un «trilerismo terminológico».

Esto es así porque quieren hacer pasar la ciberdelincuencia, como son los delitos de estafas a través de internet o los delitos de ciberpedofilia, por la cibervigilancia o ciberseguridad, que implica la Defensa Nacional ante ciberataques de potencias extranjeras como lo ocurrido esta semana en el SEPE. Un ataque sobrevenido a través de un virus de origen ruso.

Hasta ahora, era el CNI de Robles y no el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska el que tenía la potestad de vigilancia, investigación y detención de los ataques contra las grandes empresas, así como a los edificios estratégicos. Las fuentes consultadas aseguran que «sólo el CNI tiene los medios y la capacidad de seguir la pista de este tipo de ataques, y que la petición de Marlaska sólo obedece a querer controlar al centro de espionaje español, algo que Sánchez no le ha permitido».

De hecho, hasta ahora, la ciberseguridad de España está dividida en tres patas: el CCN-CERT del CNI que controla el sector público y las empresas estratégicas; el INCIBE, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para Pymes y ciudadanos; y el ESP CERT que depende del Mando Conjunto de Ciberespacio del Ministerio de Defensa.

Ninguna de las tres patas depende del ministerio de Marlaska porque, como afirma el diputado del PP Juan Antonio Callejas: “Esta guerra es fundamentalmente librada por y entre Estados a nivel global y no en el ámbito nacional y el espacio ciber a nivel internacional no está regulado”.

Incapacidad

Es más, ahora mismo, más de 100 países en el mundo, muchos de ellos en vía de desarrollo, ya poseen las capacidades para realizar ataques del tipo y lanzan amenazas persistentes. Es decir, existe un ejercito de personas muy especializadas y con grandes conocimientos técnicos y dotados de muchos recursos económicos y materiales que llevan a cabo los ataques en las redes objetivo para permanecer ocultos durante el mayor tiempo posible y extraer información de ellos tanto en el sector público como en el privado.

Por tanto, lo que quiere conseguir Marlaska a costa de Robles no tiene sentido, pues el Ministerio del Interior tiene muy mermadas sus capacidades de detección, ya que carece de las sondas informáticas ubicadas tanto en en el sector público como en empresas estratégicas de que dispone el Centro Criptológico Nacional, del CNI. Además, carece de los suficientes perfiles técnicos necesarios como son ingenieros informáticos, matemáticos y analistas de big-data que sí posee o tiene a su disposición el Centro Criptológico Nacional.

El diputado del PP Juan Antonio Callejas, portavoz en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ha afirmado este viernes, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Nacional que: “El Ministerio del interior no tiene capacidad de respuesta porque carece de la experiencia, medios y contactos para crear en menos de 24 horas vacunas a ataques globales como sí hizo, en menos de 24 horas, el Centro Criptológico Nacional, por ejemplo, con el ataque mundial de Wanacray”.

Pero a todo ello hay que sumar otro escollo, y es que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska tiene muy mermadas sus capacidades de persecución, ya que el rastreo de la IP en muchos casos es imposible porque los ataques vienen de países “poco amigos” como son Rusia, Ucrania, Corea del Norte o Irán. Países que cuando se les solicita que identifiquen esas IP directamente o se niegan o, simplemente ni contestan la requisitoria.

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