La familia Franco y la fundación amplían sus recursos ante la hipotética exhumación del 10J

Los nietos del dictador y la Fundación Franco ampliarán el recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra la exhumación en base a la última de las acciones adoptadas por el Gobierno para materializar la promesa estrella de su mandato: fijar la fecha de la misma el próximo día 10 de junio.

Todas las partes personadas en la causa preparan escritos orientados a contemplar este nuevo hito, de manera que el órgano que debe decidir sobre las medidas cautelares solicitadas, y sobre la medida central en sí misma, disponga de toda la información necesaria para resolver sobre la misma.

El tema es relevante en tanto en cuanto en la ocasión anterior en la que el Tribunal Supremo debió pronunciarse sobre esta misma materia, advirtió a la familia que rechazaba sus peticiones por extemporaneidad, esto es, por presentar la reclamación antes de que el Gobierno hubiese concretado actuaciones específicas para acometer la misma. Cuestión que ahora ha quedado concretada, al fijar el Consejo de Ministros la fecha del 10 de junio.

El Ministerio de Presidencia ha dado traslado a las partes interesadas en el procedimiento ad hoc diseñado por el Gobierno socialista del «texto literal e íntegro del Acuerdo por el que se adoptan medidas complementarias en el marco previsto» por la reforma de la Ley de Memoria Histórica en la que se apoya la decisión de exhumar los restos de Franco de su ubicación actual en la Basílica del Valle de los Caídos.

La Fundación Franco recibió este lunes la notificación de dicho acuerdo, que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo, y que va firmado por la vicepresidenta Carmen Calvo.

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se comunica la decisión de inhumar a Franco en el cementerio El Pardo-Mingorrubio «por ser un lugar donde se garantiza la digna sepultura y que asegura las condiciones adecuadas de dignidad y respeto» que impone la Ley, estima el Gobierno.

Asimismo, se ordena «que los actos que resulten necesarios para la exhumación, traslado e inhumación se realicen garantizando, en todo caso, la dignidad y respeto en el tratamiento de los restos mortales», asegura el Ejecutivo socialista, pese a contravenir, sin embargo, la decisión de la familia de que esos restos reposen en la catedral de La Almudena.

El documento sostiene que en dicho emplazamiento se asegura «la seguridad tanto de los restos mortales como del orden público y el cumplimiento de la normativa que rige el acceso a los lugares de culto, a cuyo efecto se solicitará la autorización eclesiástica necesaria y, en su defecto, la correspondiente autorización judicial». Las ‘operaciones’ se llevarán a cabo, dice el Gobierno, el próximo 10 de junio a las 10 de la mañana.

El Gobierno defiende que se han respetado todas las garantías de tutela, dando posibilidad a la «participación de los familiares». En este sentido, alega que «los nietos de Franco han rechazado expresamente señalar un lugar de inhumación alternativo» y «se han limitado a reiterar su voluntad de que los restos mortales de su abuelo sean inhumados en la cripta de La Almudena».

Es decir, el Ejecutivo ningunea a sabiendas la decisión de los Franco de que los restos reposen en la catedral madrileña, argumentando que, al no haber propuesto otro lugar, podrá adoptar acciones unilaterales. «La falta de designación de un destino alternativo hace necesario que el Gobierno ejercite su facultad subsidiaria de decisión» para «asegurar el cumplimiento del mandato de exhumar y trasladar los restos mortales», afirma el Gobierno.

Por qué El Pardo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez avala el destino de El Pardo, en primer lugar, porque «es el lugar donde, como es público y notorio, reposan los restos mortales de Carmen Polo», la esposa del dictador.

«Las características de este cementerio», prosigue el Gobierno, «permiten garantizar tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura». Y, añade, «también garantiza la intimidad de los familiares».  «Asimismo, la ubicación del cementerio hace que no se alteren de manera relevante las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir homenaje a su abuelo», excusa también el Gobierno.

Finalmente, sostiene que este cementerio «no plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana», como sí sucede, según opina, en el caso de La Almudena. El Ejecutivo encargó un informe a la delegación del Gobierno en Madrid, un trámite no previsto en el procedimiento, para avalar su ‘veto’ a la catedral en base a supuestos problemas de seguridad e, incluso, riesgo de atentados. El informe fue rebatido por la familia Franco.