Magistradas que representan a los jueces responden a Montero: «Debería tener una mínima formación»

Dos magistradas que representan a las asociaciones mayoritarias de los jueces en España, responden a las acusaciones de Irene Montero y otros miembros de su ministerio, que les llaman «machistas» o «poco formados» en la materia a causa de la aplicación de la ley del sólo sí es sí. «No es la primera vez que nos llaman machistas, ya estamos acostumbrados, pero hay que decir que estamos formados. Lo que sería deseable es que nuestros políticos tengan una mínima formación constitucional para hacer las leyes o hagan caso a sus asesores, pero por desgracia esto no sucede».

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aclara en primer lugar, que durante el anteproyecto de ley ya avisaron al Gobierno de que se estaba creando un abanico muy amplio de penas, y cuanto más genéricas, menos benefician a las víctimas. Ése es el origen del problema, el futuro lo adelanta la juez Verónica Ponte, miembro de la ejecutiva de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que vaticina un aluvión de revisiones de condenas en el horizonte, con recortes de penas para los agresores sexuales.

En contra de las afirmaciones del Ministerio de Igualdad intentando imponer el discurso de que con la nueva ley no cabe aplicar rebajas a las condenas de violadores, la juez Ponte explica que es justo al contrario: «Como no se ha establecido una disposición transitoria, los jueces estamos obligados a aplicar la regla general, es decir aplicar la nueva legislación a casos anteriores, incluso juzgados, por lo que se tendrán que revisar muchos casos». María Jesús del Barco tiene la certeza de que la nueva ley del sólo sí es sí perjudica a las víctimas al permitir que los violadores salgan antes de la cárcel.

Las dos magistradas recuerdan que lo avisaron y las ignoraron, y ahora el Gobierno arremete contra los jueces, acusándoles de estar mal formados para aplicar la nueva ley o incluso, ser unos machistas e interpretar la ley de la misma forma. María Jesús del Barco recuerda que no es la primera vez que miembros del Gobierno socavan las instituciones del Estado: «Que Irene Montero, cualquier miembro de su ministerio como Victoria Rosell, o miembros de su partido como Pablo Echenique, hablen de justicia machista, heteropatriarcal, contraria a los avances del feminismo no es una novedad, ya estamos acostumbrados. De hecho, cuando se hizo el dictamen de su anteproyecto por parte del Consejo del Poder Judicial también se tachó al Consejo de ser unos jueces machistas en contra de los avances sociales».

Las dos magistradas niegan las acusaciones de falta de formación, y se preguntan quién está poco formado en realidad. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco ofrece una pista, «hay que decir, para tranquilidad de los ciudadanos y de las víctimas de estos delitos, que los jueces de este país estamos formados en perspectiva de género y en los principios constitucionales y del derecho penal. Esa formación nos lleva a amparar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Sería deseable que nuestros políticos tengan la mínima formación constitucional a la hora de hacer las leyes y de ver las consecuencias de las mismas, y si no la tienen, deben dejarse asesorar por técnicos que saben de esto o asesores reales que sepan de la materia, pero por desgracia esto no sucede». Añade que, «con estos mensajes, lo que se traslada es un mensaje erróneo a las víctimas. A quienes hacen daño de verdad estos mensajes es a las instituciones y a las víctimas de estos delitos. Vamos a contar la realidad, los jueces estamos preparados técnicamente y estamos seriamente comprometidos con las víctimas de todo tipo de delitos».

La juez Verónica Ponte apuntilla el asunto. «Se sabía lo que iba a pasar, de hecho desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria habíamos avisado de esta problemática. No se puede confundir la perspectiva de género, una temática importante sobre la que sí recibimos formación tanto nacional como europea, con una determinada interpretación que quiere ser forzada sobre los jueces. Se trata de algo tan fácil como haber legislado correctamente y determinar lo que se quería que se hiciera. No se ha hecho, y, por tanto, los jueces no podemos aplicar algo que no sea la Ley».