Los diputados golpistas cobrarán 18.000 € del Estado pese a su suspensión

Los cuatro presos diputados -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez- además del senador Raül Romeva costarán a las arcas públicas más de 20.000 euros, pese a su suspensión, confirmada este viernes por la Mesa del Congreso.

La suspensión tendrá carácter retroactivo, sí, pero se aplicará únicamente desde este pasado martes, 21 de mayo, que es cuando los políticos juzgados por el ‘procés’ tomaron posesión de sus actas en sus respectivas Cámaras. Según las normas, los parlamentarios cobran desde el día siguiente a las elecciones generales en las que fueron elegidos, es decir, desde el pasado 28 de abril. Por tanto, pese a que no tengan ya la condición de diputados -y en consecuencia, pierdan sus derechos y prerrogativas- sí podrán cobrar por el tiempo transcurrido entre esa fecha y el pasado 21 de mayo. Es decir, 22 días. 

Los diputados reciben este 2019 una asignación constitucional idéntica, fijada en 2.981,86 euros al mes. A ello hay que añadir los 1.921,20 euros que cobran al haber sido elegidos por una circunscripción distinta a la de Madrid, una cantidad que, además, está exenta de tributación y que la Cámara justifica como una «ayuda o indemnización» que es «indispensable para el cumplimiento de su función» como diputado. Por tanto, su salario en este tiempo ha sido de 4.903 euros mensuales. Es decir, 163,43 euros diarios, lo que supone 3.595,46 euros para cada uno de los diputados.

En el caso del Senado, la asignación es prácticamente idéntica: 2.981,90 euros mensuales como sueldo base, además de una indemnización de 1.919,63 euros. Es decir, Romeva tendría derecho a 4.901,53 euros al mes, 163,38 al día. Desde las elecciones del 28-A, la suma es de 3.594,45 euros. 

En total, por tanto, los cinco golpistas suspendidos costarán a las arcas públicas un total de 17.975 euros por haber sido electos para el Congreso y el Senado y pese a estar suspendidos.

Los diputados y senadores tienen derecho a cobrar su sueldo desde el día siguiente a las elecciones, siempre y cuando no estén cobrando salario de otra institución. Pese a que los dirigentes independentistas fueron elegidos en su día como diputados del Parlament, se encontraban suspendidos después de que, el pasado julio, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, los procesase por rebelión. En consecuencia, tenían derecho a percibir sus sueldos de Congreso y Senado.

Podemos, en contra

Tras varios días de embrollo jurídico y parlamentario, la Mesa del Congreso confirmó este viernes la suspensión automática de los cuatro diputados. Una decisión -con el voto en contra de los dos representantes de Podemos- que se extiende también a Romeva, en idéntica situación.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció la medida tras recibir el informe de los letrados de la Cámara, en la que ven clara la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina la suspensión automática de los procesados por delito de rebelión. Batet ha solicitado ahora otro informe a los letrados para que indiquen cómo se materializa esa suspensión y, sobre todo, cómo queda fijada la mayoría absoluta, con cuatro parlamentarios menos.

Los intentos de Batet por dilatar la suspensión -solicitando el informe- han recibido en los últimos días las críticas de la oposición.

Desde el PP, la vicepresidenta tercera de la Mesa, Ana Pastor, lamentó que se «hayan perdido varios días innecesariamente» porque, como confirmaron los letrados, «la suspensión es automática». «El informe de los letrados nos ha dado la razón», destacó Pastor, «hemos perdido 48 horas», sentenció.

Por parte de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se mostró especialmente duro, y acusó a Batet de haber «hecho el ridículo» dilatando tres días la decisión de suspender de funciones a los independentistas en prisión preventiva. «Batet empieza muy mal, primero permitiendo que los separatista humillaran a la democracia hablando de presos políticos, cuando hizo dejación de funciones y agachó la cabeza, y luego hemos tenido que ver todo el sainete», sentenció.

Desde Podemos, su portavoz, Irene Montero, manifestó su discrepancia con la decisión de la Mesa y defendió que todos los diputados fueron elegidos por los ciudadanos y, por tanto, debían poder ejercer sus responsabilidades. La formación de Pablo Iglesias solicitó más tiempo a la Mesa para analizar el informe de los letrados.