Del confinamiento a los indultos o Iglesias en el CNI: los jueces rechazan las grandes medidas de Sánchez

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, con el regreso de los comunistas al Consejo de Ministros 80 años después, está encadenando fuertes varapalos de los principales tribunales en España, lo que pone en cuestión su proyecto de legislatura cuando ni siquiera se ha llegado al ecuador de la misma. De hecho, el Ejecutivo de PSOE-Podemos ha sufrido en este año y medio de mandato los mayores reveses de la Justicia en sus iniciativas de mayor relevancia y trascendencia, como por ejemplo el decreto del estado de alarma durante lo peor de la pandemia de coronavirus (recurrido por Vox con éxito ante el Tribunal Constitucional) o la concesión del indulto a los golpistas del 1-O en Cataluña.

Otros grandes reveses encajados por el Gobierno bipartito también han guardado relación con su gestión frente al coronavirus. Es el caso de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechazó el cierre de la Comunidad que pretendía Sánchez en octubre de 2020 y le abocó al estado de alarma. Por otro lado, también resuena todavía el informe del Tribunal Supremo contrario a que el Ejecutivo le endosara la responsabilidad de las restricciones tras el último estado de alarma, el que finalizó el pasado mayo.

Las piruetas ingeniadas desde Moncloa han sido de tal calibre que llegaron a colar en un decreto de ayudas sociales para hacer frente al coronavirus la inclusión del entonces vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Comisión delegada para Asuntos de Inteligencia, la que tiene acceso al CNI. La normativa vigente sólo permitía un vicepresidente en dicho órgano, pero Moncloa quiso incluir a Iglesias además de la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Y también al ex jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

El TC declaró inconstitucional y nula esta designación recurrida por Vox y el PP al considerar que se tendría que haber producido mediante una reforma legislativa y no a través de una disposición adicional en un real decreto-ley, reservado a situaciones de extraordinaria urgencia y necesidad.

Sin ley de pandemias

En lo relativo a la crisis del Covid-19, estos varapalos evidencian también la incapacidad del Gobierno socialcomunista para aprobar una ley de pandemias, como le ha venido exigiendo la oposición. El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado a Pedro Sánchez a sentarse con el PP para aprobar «en quince días» una reforma de la Ley 3/1986 de medidas especiales de Salud Pública para tener un marco legal con el que «enfrentarse a la quinta ola».

Casado ha subrayado que en el momento actual de la pandemia «los presidentes autonómicos no saben a qué atenerse» y tienen que estar «pendientes de lo que diga un Tribunal Superior de Justicia Autonómico o un juez contencioso administrativo», pudiendo acabar el conflicto en el Tribunal Supremo.

En lo referente al primer estado de alarma, el TC estimó el pasado miércoles el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. El máximo intérprete de la Carta Magna consideró ilegal el confinamiento domiciliario bajo la figura del estado de alarma y acordó que el Gobierno debió haber declarado en su lugar el estado de excepción, que requería autorización previa del Congreso. Y es que la alarma decretada por el Ejecutivo socialcomunista no limitó derechos, sino que los suspendió, algo que hacía necesario declarar el estado de excepción.

En concreto, el tribunal de garantías considera inconstitucionales y nulos los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública. Además, el TC califica de inconstitucional que se habilitara al Ministerio de Sanidad para «modificar» o «ampliar» las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración.

El «autoindulto»

En cuanto al indultazo de Pedro Sánchez a los golpistas del 1-O, concedido el pasado 22 de junio, el Ejecutivo de PSOE y Podemos lo adoptó pese al informe en contra del tribunal sentenciador, en este caso, el Supremo. El Alto Tribunal señaló que «no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva».

Además, la Sala Penal del TS incidió en que tales peticiones pretendían que «el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo» y alertó del posible «autoindulto» con la concesión de esta medida de gracia, en tanto los beneficiarios son «líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno», rezó el informe del Alto Tribunal.

Ahora, sólo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS podrá pronunciarse sobre este «autoindulto» si finalmente se admiten los recursos contra la concesión de la medida de gracia presentados por PP, Vox y Ciudadanos. Está por decidir su legitimidad. De momento, esta Sala ha rechazado la suspensión cautelar de los indultos, como también pedían estas formaciones, si bien la cuestión de fondo tardará meses en dirimirse.

Ataques a los jueces

Entretanto, como ya ocurriera cuando el TS se opuso a los indultos, los ataques desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los jueces se han multiplicado en los últimos días a raíz del citado fallo del TC. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, señaló a los magistrados que decantaron la balanza, donde incluso había representación del sector progresista. «El Gobierno respeta la determinación de los seis magistrados del Constitucional, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido otros cinco magistrados del mismo órgano», declaró Llop, poniendo a los seis jueces que tumbaron el decreto de la primera alarma en el disparadero.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra, calificó de «incompresible» el fallo de Constitucional y enfatizó que hay «un problema muy serio con la Justicia», sosteniendo que «son los jueces los que están haciéndole la oposición al Gobierno».