Llop se reúne a escondidas con los jueces afines en plena ofensiva del Gobierno contra el Poder Judicial

Los primeros días de Pilar Llop al frente del Ministerio de Justicia, en el que ha sustituido a Juan Carlos Campo, no pueden ser más caóticos y llenos de polémica. La ex presidenta del Senado ha roto la tradición de los anteriores ministros de reunirse con todas las asociaciones judiciales y eso ha provocado el enfado del resto. A su llegada al cargo, la nueva titular de Justicia sólo se ha citado con Jueces por la Democracia, asociación de la que forma parte. Todo en plena ofensiva por parte del Gobierno contra el Poder Judicial, por las diferencias de criterio con los políticos separatistas o con la situación relativa al estado de alarma, así como su empeño en hacerse con el control del CGPJ.

La cita que mantuvo la titular de Justicia con sus compañeros de Jueces para la Democracia fue el pasado martes, horas después de tomar posesión del cargo ante el Rey Felipe VI, en un encuentro que no se difundió en la agenda oficial del Gobierno. La falta de publicidad impidió que hasta hoy el resto de organizaciones profesionales de la magistratura tuvieran conocimiento del encuentro y de la prioridad que Llop dio a una entidad concreta, de la que es miembro, cuando prácticamente no había ocupado aún su despacho en la sede del Ministerio de Justicia.

El gesto de Pilar Llop ha provocado el enfado de las tres asociaciones de la magistratura que no fueron citadas. Desde la asociación judicial Francisco de Vitoria consideran que la ministra socialista «desprecia e ignora» al resto de organizaciones «al reunirse sólo con una (la suya)». Denuncian que «se trata de un hecho sin precedentes» ya que anteriormente, siempre, el gabinete del responsable del Ministerio de Justicia citaba a las cuatro, con independencia de quién o com solicite el encuentro.

Desde las asociaciones que han sido vetadas de la reunión con la ministra advierten que «cualquier línea general de actuación en materia de Justicia debe contar con el consenso de todos». Estas organizaciones profesionales, que engloban a la gran mayoría de funcionarios públicos de la carrera judicial, recuerdan a Pilar Llop que «el artículo 103 de la Constitución Española habla del deber de neutralidad de los poderes públicos». En este sentido, añaden, «está feo confundir cargo institucional con asociativo».

Una de las principales urgencias que tiene la nueva ministra de Justicia es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que dirige a los jueces. Llevan ya meses con su mandato caducado y eso, por una pirueta del PSOE y Podemos en las Cortes, impide el nombramiento o sustitución de otros jueces. Algo que, advierten las asociaciones, a medio plazo puede provocar un caos en la administración de Justicia.

Polémica por su comparecencia

En sus primeras horas como ministra, Llop tuvo que salir ayer a defender la actuación del anterior gabinete ministerial por la aprobación del primer estado de alarma que ahora el Tribunal Constitucional considera que no era legal. Su declaración leída, en una comparecencia grabada desde La Moncloa, y sin posibilidad de preguntas de los periodistas, provocó las críticas de la oposición y de los medios de comunicación.

La responsable de Justicia cargó contra la decisión de seis de los once magistrados del Constitucional asegurando que el Gobierno «comparte» pero «no acata» la decisión que adoptaron. Desde su punto de vista el estado de alarma era la única opción posible para «salvar vidas». Llop anunció que en los próximos días, su departamento analizará con detenimiento el fallo del Tribunal Constitucional.

La nueva ministra, experta en violencia de género, accedió al cargo tras pasar por la presidencia del Senado y la Asamblea de Madrid. Se trata de una mujer de partido, que siempre ha accedido a las peticiones de Sánchez, que a diferencia de su antecesor no se atreverá a llevar la contraria al presidente.