Llop dice que el Gobierno «respeta, pero no comparte» el fallo del Constitucional

Enorme cabreo en el Gobierno con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el primer estado de alarma, que se aprobó el 14 de marzo. Los magistrados, por seis votos a cinco, han considerado que el Ejecutivo debería haber optado por el estado de excepción, pese a las presiones recibidas en los últimos días por parte de Moncloa. «En España el confinamiento salvó 450.000 vidas», ha esgrimido la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, la responsable gubernamental encargada de poner voz a ese enfado.

La ex presidenta del Senado ha afirmado que «el Gobierno acata pero no respeta el recurso de Vox». La ministra ha manifestado que el Ejecutivo «respeta el criterio de los seis magistrados» que lo han declarado inconstitucional si bien considera que la actuación del gabinete de Pedro Sánchez «fue conforme con los parámetros constitucionales, como han reconocido cinco magistrados».

Pilar Llop, en una breve comparecencia grabada con una hora de retraso desde el Palacio de La Moncloa, ha manifestado que estudiarán el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al detalle. En su opinión, «el confinamiento decretado en el estado de alarma y la conducta ejemplar de los españoles nos permitió frenar al virus», motivo por el cual muestra la «sorpresa» por «lo inédito» del fallo.

La ministra de Justicia ha defendido que «la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio de los estados de alarma, de excepción o sitio contempla este supuesto en concreto» en caso de una pandemia que ponga en riesgo la salud pública. Es la línea de defensa de un «Gobierno que debía tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas para salvar la vida de muchos compatriotas».

La decisión del TC, a falta de conocer la letra pequeña, invalidaría todas las denuncias y sanciones que se impusieron durante los primeros meses de confinamiento. Son más de 1,2 millones. Además, en función de los argumentos que esgriman los magistrados que han dado luz verde a la ponencia del juez Pedro González-Trevijano, que sustituía la del dimitido Fernando Valdés que si avalaba el estado de alarma, empresarios y ciudadanos que acrediten una pérdida económica imputable al estado de alarma podrían reclamar compensaciones al Gobierno.