El comisario de Brasil que investiga a Ábalos es el mismo del caso de la prostituta de Pumpido Jr.

El comisario de la Policía Federal de Brasil que investiga las presuntas mordidas y blanqueo de capitales de José Luis Ábalos y las empresas de la trama Koldo es el mismo que está detrás del caso de la prostituta acusada de intento de homicidio que denunció a Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Precisamente el ex ministro socialista prepara el terreno para que la Corte de Garantías español tumbe el caso Koldo que instruyen el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Como ha desvelado OKDIARIO, se prepara para enviar una comisión rogatoria a España con el objetivo de tomar declaración al ex ministro de Transportes señalado en una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia. Las fuentes subrayan que Ábalos es aforado en España pero otro país le podría investigar sin solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados.

Según fuentes cercanas a la investigación, las autoridades brasileñas detectaron movimientos financieros sospechosos por un valor aproximado de 2 millones de euros, tras una alerta del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras), el organismo brasileño equivalente al Sepblac español.

El caso ha llegado al mismo comisario de Superintendencia de São Paulo –la más grande de Brasil–. Se trata del agente que el caso que involucra al hijo del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y a una prostituta. En España ella le denunció a él por una supuesta agresión sexual y . Sin embargo, una juez archivó el caso y él habló de «denuncia falsa». En Brasil a ella le tomaron declaración y tiene acusaciones de intento de homicidio.

El caso que vincula a Aline con el hijo del presidente del Constitucional comenzó cuando ella denunció haber sido agredida sexualmente en un chalet de San Blas, Madrid. «Salí corriendo de la habitación. Cándido me persiguió y me cogió del pelo, me metió en otra habitación, me tiró a la cama y luego se subió, empezó a morderme el cuello», declaró inicialmente.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la vivienda contradijeron su versión, lo que llevó a la jueza a dejar en libertad a Pumpido y sus amigos sin medidas cautelares. El 23 de noviembre, Aline retiró su denuncia, alegando que estaba bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos.

Las investigaciones posteriores revelaron que Aline contaba con más de 20 antecedentes penales en Brasil. El episodio más grave tuvo lugar en un apartamento de São Paulo, donde presuntamente intentó asesinar a un joven estudiante de medicina llamado Diego, con quien había quedado a través de una aplicación de citas.

Según el testimonio de la víctima: «Ella se ofrecía como chica de agenda. Pasamos la noche entera juntos. De repente, tuvo un brote psicótico por celos. Aline me atacó a cuchilladas. Fueron tres cuchilladas, dos en la espalda y una en la clavícula. Con dos cuchillos». Diego estuvo cinco días en la UCI, y para cuando quiso presentar una denuncia, Aline ya había huido del país y fingió su muerte en las redes sociales a través de su hermana. Tras ser extraditada por España a Brasil el tribunal local le dejó en libertad.

Delitos transnacionales

Este comisario jefe de Sao Paolo está especializado en delitos transnacionales y gestiona actualmente tres procedimientos vinculados a España, dos de ellos directamente relacionados con figuras del ámbito político español.

La investigación brasileña ligada al caso Koldo se centra en el empresario Felipe Chauar, administrador de la sociedad Suro Capital Brasil Participacoes Ltda, quien habría iniciado un proceso de colaboración con las autoridades mediante un acuerdo de «colaboración premiada», una figura legal que podría reducir sus posibles condenas futuras. Chauar, de 44 años, también cuenta con un extenso historial judicial en São Paulo y Sorocaba que se remonta a principios de los 2000.

La empresa Suro Capital aparece como pieza clave en la trama Koldo, habiendo recibido transferencias millonarias procedentes de Soluciones de Gestión SL, la empresa que obtuvo contratos públicos por valor de millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia del Gobierno de España, Canarias y Baleares.

En sus declaraciones, Chauar habría señalado directamente a varios ciudadanos españoles como beneficiarios finales de estas operaciones, entre ellos, Ábalos. Otro de los mencionados sería Juan Carlos Cueto, ya investigado en el caso Koldo y señalado como financiador principal y cerebro de la trama de compraventa de material sanitario.

La investigación abarca un entramado más amplio que incluye también operaciones con empresas en Luxemburgo, como Stronghold Topco SARL, que actualmente cuenta con un activo de más de 130 millones de euros. Los investigadores sospechan que Suro Capital habría funcionado como vehículo para el blanqueo de capitales procedentes de presuntas comisiones en los contratos de emergencia.

Conexión Ábalos-Pumpido

Mientras tanto, en España, Ábalos parece estar preparando una estrategia legal para conseguir la posible anulación de la causa que le afecta en el tribunal de Pumpido. El ex ministro ha registrado un recurso de reforma ante el Supremo en el que arremete contra un auto en el que el juez reclamaba sus ejercicios fiscales y movimientos bancarios de la última década.

En su escrito, Ábalos alude explícitamente a una «injerencia» en sus derechos fundamentales y solicita al juez que limite la investigación «exclusivamente al caso mascarillas». Esta mención podría ser parte de una estrategia procesal para posteriormente acudir al Constitucional con un recurso de amparo por vulneración de su derecho a la intimidad, lo que, en última instancia, podría conducir a la anulación de la causa.

El exministro se queja de estar siendo víctima de una investigación «prospectiva» y arremete contra la Guardia Civil, cuyos informes, según él, incluyen información privada como imágenes de su boda que «nada pueden aportar en la presente investigación». Ábalos lamenta que no se haya realizado un «expurgo previo» de esta información para «evitar daños personales y familiares».