Colau consiente al menos 30 locales de riesgo como en el que murió la familia de okupas

Un año entero. Ese es el tiempo que la oficina bancaria abandonada en cuyo incendio murió toda una familia a principios de semana llevaba dentro de un informe elaborado por los Mossos d’Esquadra. Bajo el título “Naves y grandes espacios ocupados en Cataluña”, la Policía Catalana detectó 65 espacios susceptibles de ser un riesgo para la integridad de las personas que los ocupaban. El antiguo banco de la Plaza de Tetuán de Barcelona en el que han muerto dos adultos y sus dos hijos pequeños, de seis meses y dos años de edad, llevaba en ese listado desde el mes de enero de este mismo año. Ahora las críticas rodean al Ayuntamiento de Ada Colau, que sí asistió a los okupas del banco abandonado, pero que no buscó soluciones alternativas a su peligrosa situación.

En diciembre de 2020, hace ahora justo un año, los 60 moradores de una nave industrial de Badalona salvaron la vida de milagro, a excepción de dos de ellos, que murieron víctimas del incendio que devoró la estructura dejando además casi una veintena de heridos. Aquel día los Mossos comprendieron que había un serio problema de okupación que ponía en riesgo la vida de los propios okupas y la de los vecinos de este tipo de inmuebles y locales vacíos y reutilizados de manera ilegal como vivienda. Era urgente elaborar un informe de locales de riesgo que pudieran correr la misma suerte que la nave siniestrada.

El documento en cuestión, a cuyos datos ha tenido acceso OKDIARIO, no dejan en buen lugar al municipio de Barcelona ni a la gestión de Ada Colau con el uso de locales vacíos como infraviviendas. De los 65 locales en condiciones de riesgo detectados, los Mossos indican en su informe que el 42% de esos locales, cerca de 30, se encuentran en el área metropolitana de Barcelona. Los otros lugares en importancia por número de este tipo de locales son la cercana región metropolitana Sur, que por ejemplo incluye a Cornellá, donde localizaron el 15% de estos locales. Muy lejos de estos datos queda Gerona, con cerca de un 8%, y el resto hasta el 100% se encuentra diseminado por el resto de la Comunidad autónoma de Cataluña.

1.ooo personas en infraviviendas

Después del trágico incendio de la plaza de Tetuán quedan otros 64 locales que no sólo no son aptos para ser usados como viviendas, sino que pueden poner en peligro la vida de las personas que los usan como viviendas. Pero es que esta semana, como consecuencia del fatídico suceso, han aflorado otras cifras que también afectan directamente a la gestión permisiva del gobierno de Ada Colau con el fenómeno de la okupación en Barcelona, y que lejos de favorecer una solución habitacional para personas sin recursos lo que hace es colocarlos en situaciones de riesgo evitables.

Según las fuentes consultadas, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona tienen censadas a más de 1.000 personas en infraviviendas de su ciudad. De ellas, el 75% ocupan locales como el incendiado en la Plaza de Tetuán, pero lo grave, es que, de éstos, más de 200 son menores de edad. El resto de las personas que no vive en ese tipo de locales lo hacen en asentamientos chabolistas de Barcelona.

Los Servicios Sociales reconocen decenas de visitas a estas personas, incluidas a las que vivían en la antigua entidad bancaria incendiada, pero esas visitas no repararon nunca en la peligrosidad del lugar consecuencia de no ser una vivienda y de carecer de la seguridad necesaria para serlo. De hecho, sus controles se limitaron al cuidado, alimentación y escolarización de los niños, extremos importantes pero insignificantes comparados con el riesgo vital detectado por los Mossos en su informe.

Y es que el documento policial deja muy claro por qué decidieron incluir este bando abandonado entre los 65 espacios peligrosos para la vida de sus okupas: “En el informe se hace referencia a la salubridad del lugar, el nivel de las instalaciones, la situación actual del local y las personas que allí viven y en qué condiciones se encuentran, También se valora si existen quejas vecinales y conflictos de convivencia y seguridad”. Y esto es clave.

Desde el Ayuntamiento de Colau se esgrime que desconocían este informe, y puede ser cierto, pero lo que sí sabían es que, a esa plaza en pleno centro de Barcelona, acudían día sí y día también efectivos policiales avisados por vecinos por las constantes broncas y peleas entre los propios okupas. La última de las trifulcas se produjo sólo un par de horas antes del fuego que acabó con la vida de la familia fallecida y una patrulla acudió al lugar. Se descarta que exista relación entre esa pelea y el incidente mortal, pero es obvio que la peligrosidad de un lugar a escasas cinco calles de la Sagrada Familia era de sobra conocido.