El golpista Puigdemont llama «golpista» a Rajoy y se inventa que «Cataluña es una nación muy antigua»

Puigdemont
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (Foto: AFP)

El presidente Carles Puigdemont ha anunciado que el lunes pedirá la convocatoria de un Pleno del Parlament para, previsiblemente, aprobar la declaración de independencia de Cataluña con los votos del PDeCAT, ERC y la CUP.

En una declaración institucional, Puigdemont ha afirmado que la decisión del Gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución para destituir a los miembros golpistas del Govern constituye «un ataque a la democracia» y «una humillación al pueblo catalán».

«Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno español lo anula en los despachos, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos», ha afirmado el presidente de la Generalitat. Algo que constituye, a su juicio, «el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Franco que abolieron la Generalitat».

«Todas las propuestas de diálogo dirigidas al Gobierno han tenido la misma respuesta: silencio y represión», ha afirmado, «hoy el Consejo de Ministros ha dado un portazo a ese clamor».

«Rajoy está fuera del Estado de Derecho»

Según ha sostenido, «Rajoy quiere nombrar un directorio para que teledirija desde Madrid la vida de Cataluña». Y ha responsabilizado de ello también al Rey Felipe VI, por defender el orden constitucional: «No es la primera vez que, también con el concurso del Rey, las instituciones catalanas reciben un golpe por parte del Estado español para rebajarlas, reorientarlas o directamente suprimirlas», ha señalado.

Puigdemont ha anunciado una respuesta contundente: «Vamos a conjurarnos para defender nuestras instituciones, como lo hemos hecho siempre, de forma pacífica y civilizada. Pido al Parlament que convoque una sesión plenaria para que debatamos y decidamos sobre este intento de liquidar nuestro autogobierno».

El presidente golpista de la Generalitat ha acusado al Gobierno de Rajoy de situarse «fuera del Estado de Derecho» por aplicar la Constitución en Cataluña. «La decisión del Gobierno español es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del Estado de derecho», ha indicado.

También ha acusado al Ejecutivo central de «actuar impunemente y con violencia contra los ciudadanos pacíficos, perseguir las ideas y medios de comunicación, y respaldar de forma irresponsable la inestabilidad económica».

El «corralito» de Puigdemont y Junqueras

Aunque quien más ha respaldado esa inestabilidad económica han sido los propios independentistas –que el viernes incluso llamaron a retirar el dinero de los bancos para provocar un «corralito»–, lo que ha provocado que más de un millar de empresas trasladen su sede fuera de Cataluña desde la jornada del 1-O. Algo que a medio plazo puede tener efectos devastadores para el empleo.

El presidente de la Generalitat ha incluido también en su declaración unas palabras en inglés, dirigidas a la comunidad internacional: «Cataluña es una nación europea antigua, es fundamental para los valores europeos, queremos una Europa democrática y pacífica».

Puigdemont ha hecho esta declaración institucional después de que el Consejo de Ministros haya activado esta mañana el artículo 155 de la Constitución, para destituir a todos los miembros del Govern y convocar elecciones en Cataluña en un plazo máximo de seis meses.

El Pleno del Senado aprobará el próximo viernes la aplicación del artículo 155 con el respaldo del 81% de la Cámara encabezado por los tres partidos constitucionalistas mayoritarios: PP, PSOE y Ciudadanos. De nuevo, Podemos ha optado por apoyar a los golpistas de la Generalitat presidida por Puigdemont.

El artículo 155 también permitirá al Gobierno tomar el control de los Mossos d’Esquadra –el mayor de la Policía autonómica, Josep Lluís Trapero, está imputado ante la Audiencia Nacional por un delito de sedición– y de TV3, que durante los últimos años se ha convertido en el mayor aparato de propaganda y agitación de los independentistas. Mantener TV3 cuesta más de 200 millones de euros públicos anuales a todos los españoles.

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