González permitió al Congreso exigirle elecciones en 1995 con una iniciativa como la que Sánchez ha vetado a Junts

El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González sí permitió al Congreso de los Diputados exigirle elecciones en 1995 mediante una iniciativa sin vinculación jurídica, como la que la Mesa de la Cámara Baja, controlada por los partidos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha vetado a Junts.

Coalición Canaria presentó en septiembre de 1995 una proposición no de ley «relativa a la convocatoria de elecciones generales». Una prerrogativa que, según el actual Gobierno de España, sólo corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, entonces la Mesa de la Cámara sí admitió su tramitación, al contrario de lo que ha ocurrido este martes con la propuesta de Junts.

En ese momento, la administración encabezada por González enfrentaba una serie de escándalos que incluso llevó a que la prensa la llamase la «legislatura de la crispación». Los casos de corrupción relacionados con el Gobierno y el PSOE se le fueron aglomerando al entonces presidente.

Entre ellas, el caso Roldán, en el que se investigaba al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán por cobrar mordidas en los contratos de la Benemérita y quedarse con fondos reservados del Ministerio del Interior. Se fugó a Laos y tuvo que dimitir el ministro del Interior que lo nombró y que en ese momento era diputado, José Luis Corcuera, y su sucesor, que aún se encontraba en el cargo, Antoni Asunción.

Además, en marzo de 1995, estalló el escándalo por la detención del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por su implicación en el secuestro y asesinato de los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que ejecutaron los GAL en 1983.

Por si fuera poco, el Gobierno de González fue incapaz de aprobar los Presupuestos de 1996. En octubre de 1995, la Cámara Baja rechazó el proyecto presentado por el Ejecutivo socialista. La oposición presentó una enmienda a la totalidad de las cuentas que salió gracias al apoyo del PP, Izquierda Unida, Coalición Canaria, los partidos regionalistas, además de Convergència i Unió y PNV, que entonces eran socios parlamentarios de la administración central.

Una iniciativa muy parecida

Si bien la PNL de Coalición Canaria se presentó en septiembre, se debatió y se votó ya en noviembre. Es decir, una vez que se había rechazado el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo socialista. Y el diputado canario José Carlos Mauricio Rodríguez lo justificó así: «España vive una prolongada crisis política, con una sucesión interminable de escándalos, que afecta al funcionamiento regular de las instituciones del Estado».

Entonces, en 1995, el representante de Coalición Canaria señaló la necesidad de «frenar el creciente deterioro de las instituciones», así como de acabar con un «Gobierno en minoría» que «no está en condiciones de afrontar y superar la grave crisis política».

En esa iniciativa, señalaba tres opciones. Por un lado, la presentación de una cuestión de confianza. Sobre ella, Mauricio Rodríguez lamentaba que González se negara a presentarla porque no contaba «con la mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla».  En segundo lugar, descartaba la moción de censura porque no existía una «nueva mayoría» que permitiera «sustituir un gobierno por otro». Y, en último lugar la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

«El Congreso de los Diputados debe tomar la iniciativa y proponer esta solución, que desbloquearía y ayudaría a superar la actual crisis», subraya la PNL de Coalición Canarias.

Por ello, la iniciativa firmada por el portavoz del partido regionalista instaba al presidente del Gobierno a que, «ante la grave crisis política, haga uso de sus prerrogativas constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones generales».

La PNL pudo debatirse y votarse en el Pleno de la Cámara. Sin embargo, no salió adelante por el rechazo de CiU y PNV, entonces socios parlamentarios de Felipe González.

La cacicada de Armengol

Sin embargo, la Mesa del Congreso, que tiene la función de «declarar la admisibilidad o inadmisibilidad» de los documentos presentados ante la Cámara Baja, ha rechazado esta semana una iniciativa parlamentaria muy similar: una enmienda de Junts a una moción consecuencia de interpelación que exigía a Sánchez usar sus competencias constitucionales para disolver las Cortes y convocar elecciones.

Concretamente, el partido del político independentista fugado de la Justicia Carles Puigdemont pedía «instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».

La iniciativa iba a salir adelante presumiblemente con los votos del PP, Junts y Vox. En la práctica, esto implicaría demostrar al Gobierno que no cuenta con la confianza de la Cámara. Una demostración que

La Mesa del Congreso tiene mayoría con cinco representantes de izquierda (tres del PSOE y dos de Sumar) frente a los cuatro del PP. Y este martes, el órgano decidió rechazar la tramitación alegando que «en virtud de lo estipulado respecto a la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución Española». «La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno», añadió.

El PP ha presentado este mismo martes un escrito de reconsideración donde recoge otros precedentes en los que la Mesa sí aceptó votar en este sentido. Primero, una PNL de Vox que exigía «la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Castejón y la convocatoria de elecciones generales». En segundo lugar, otra iniciativa de Junts que instaba «al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución».

Además, el PP se ha hecho eco de la nota de los letrados de la Mesa en relación con la calificación de esta iniciativa. Concretamente, recordaban que se aprobó que se debatiera justificándose en el siguiente argumento: «Una proposición no de ley como la que ahora se analiza no estaría pretendiendo, porque no puede hacerlo, sustituir la facultad presidencial de plantear la cuestión de confianza, sino que simplemente estaría forzando el debate político y provocando un pronunciamiento de la Cámara que no sería vinculante para el Presidente del Gobierno, ni en un sentido ni en otro.