Puigdemont rechazó dos veces desconvocar el 1-O tras las advertencias de los Mossos

Emili Quevedo, máximo encargado del diseño del operativo de los Mossos para el 1-O, ha comparecido ante el tribunal para corroborar el testimonio de Manel Castellví, otro alto mando de la policía autonómica, a la hora de incriminar directamente a Carles Puigdemont como el responsable de seguir adelante con el referéndum, desoyendo las advertencias de «problemas de seguridad» para aquella jornada.

Lo hicieron en sendas reuniones el 26 y 28 de agosto de 2017 en las que «obviamente», ha dicho, los Mossos les trasladaron la posibilidad de «choques» y «enfrentamientos» entre los concentrados y las fuerzas de seguridad del Estado haciendo constar en varias ocasiones que su prioridad era cumplir la orden judicial de impedir el referéndum.

Pero la respuesta de Puigdemont, cuya presencia en esos encuentros dejaba ver que «eran reuniones casi sin precedentes», ha explicado Quevedo, fue tajante: «Dijo que el Govern tenía un mandato que cumplir y que lo iban a cumplir y llevar adelante, porque había sido avalado por los resultados electorales».

En aquellas citas, ha detallado, Forn calló y Junqueras, que solo estuvo en la del 28, «dijo que no habría ningún tipo de resistencia» y que «cuando los agentes intervinieran, la gente iba a dejar que pacíficamente los cuerpos policiales actuaran» para cumplir con el mandato judicial de cerrar colegios y requisar las urnas.

«Es obvio que ellos conocían que una cosa y otra era incompatible», ha añadido Quevedo, quien ha revelado que la policía catalana era consciente de que había «una posibilidad real» de no poder impedir el 1-O.

Y es por ese motivo, ha destacado, que era «muy importante» contar con el apoyo de los 6.000 policías y guardias civiles destinados el 1-O ante la necesidad de que los agentes tuviesen «una mínima capacidad disuasoria».

A diferencia de lo que señaló el Govern en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, donde dijo que los Mossos tenían capacidad suficiente para impedir el 1-O, hoy Quevedo ha reconocido que dada «la envergadura» del dispositivo policial, era «muy importante y muy relevante» contar con el «apoyo» de la Policía y la Guardia Civil.

El dispositivo de los Mossos, según ha precisado Quevedo, buscaba tener «cuanto menos presencia policial», con «al menos dos o tres uniformados», pero en «todos y cada uno de los centros».

Aparte de cerrar el colegio, algo que «desafortunadamente» solo ocurrió en 24 ocasiones a primera hora de la jornada, ha dicho, el objetivo era obtener una «información veraz» de lo que ocurría en cada uno y saber «dónde era más factible enviar otro tipo de recursos» para poder impedir el referéndum.

Ha añadido que aunque eran conscientes de que «en muchos, algunos o pocos casos» estos binomios de agentes -duramente criticados por los mandos de las fuerzas de seguridad y del Ministerio del Interior- «no serían capaces de llevar a cabo la misión encomendada», comprendieron que ese era el dispositivo que «podía tener una mayor eficacia».

Quevedo, investigado en un juzgado de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por supuesta pasividad en el 1-O y hasta la fecha el único imputado que ha accedido a declarar como testigo pese a que la ley le permite no hacerlo, ha señalado que en los días previos al 1-O, los Mossos calcularon que se necesitarían «entre 30.000 y 40.000» agentes para impedir el referéndum.

Pero que al final, se destinaron 7.850 frente a los «entre 2.500 y 3.500» que se destinan «de forma específica» en una jornada electoral, pues sabían que el 1 de octubre no podían actuar «como en cualquier otra jornada electoral normal» porque era «una actividad política que había sido prohibida».

Respecto al 20-S, ha reconocido que el pasillo para garantizar la salida de la comitiva judicial de la Consellería de Economía lo tenían que hacer agentes del cuerpo, ya que esa responsabilidad «no podía recaer» en voluntarios, que establecieron un corredor a instancias del entonces líder de la ANC Jordi Sànchez.

Una jornada en la que los Mossos activaron un helicóptero al saber que había armas en los vehículos de la Guardia Civil, lo que permitió que a las dos de la madrugada intervinieran de forma «contumaz» al ver a concentrados sacar objetos de los coches.

Ya por la tarde, tres directivos de Unipost han explicado que recibieron tres palés con más de 40.000 certificaciones para los miembros de mesas electorales del 1-O con el logo de la Generalitat -que fueron intervenidos por la Guardia Civil- pero que al no tener albarán ni orden de entrega, no las entregaron jamás.

Aunque lo más llamativo ha sido cómo fueron recogidas por esta empresa. Un sábado por la tarde, un directivo de la empresa acudió solo, con una furgoneta, a un polígono para cargar los palés de unos «transportistas» que aparecieron en «una furgoneta blanca», sin entregarle documento alguno.

«Ni un triste papel, no nos dieron nada», ha dicho el entonces jefe de Producción de Unipost, que ha subrayado que al no tener documentación, nunca llegaron a facturar nada, como ha recalcado otro testigo que ha precisado que existía un contrato marco con la Generalitat, de manera que suponía que este encargo figuraba dentro.