Bruselas exige a Moncloa que garantice el control presupuestario mientras Podemos pide erradicarlo

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos no ha dejado tranquila a Bruselas. No ha habido aún ningún pronunciamiento oficial, pero sí mensajes extraoficiales cruzados con el Gobierno en funciones de Sánchez: mensajes idénticos a los transmitidos en las anteriores negociaciones entre socialistas y comunistas. Subrayan los compromisos de España en el control del déficit y advierten del temor a que el populismo quiera romperlos. Esos mensajes, además, han puesto especial hincapié en el blindaje -prometido por España cuando pidió ayuda a la UE tras estar a un paso de quebrar en la anterior crisis- de un artículo de la Constitución que Pablo Iglesias pretende eliminar: el artículo 135, el que garantiza que España acata lo que diga la Unión Europea en materia de control del gasto y de reconducción del déficit.

Un artículo básico para evitar que España pueda entrar en riesgo en la próxima crisis y que Iglesias ha prometido a sus cuadros que erradicará.
Las presiones de Bruselas forzaron que el acuerdo firmado entre Sánchez e Iglesias este pasado martes recogiera el siguiente enunciado garantizando el compromiso de “equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero”.

Pero lo cierto es que ese redactado no ha incluido el compromiso exigido por Bruselas de no tocar el artículo 135 de la Constitución. Y los mensajes no han tardado en llegar en forma de temor de la UE a Podemos.

El artículo 135 exige que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. Que “el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Y que “el Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito”. O que “el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, porque “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

Todo un esquema de control del gasto fijado por Bruselas tras ver el desastre organizado por el PSOE de Rodríguez Zapatero en la última crisis.

Iglesias pide acabar con el control de las cuentas

Pero Iglesias no lo acepta. Por eso en su programa electoral promete “derogar las normas mediante las que PP y PSOE han institucionalizado la austeridad y la década perdida en España (artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria). Al PSOE y al PP no les costó ni 5 minutos reformar la Constitución en 2011 para poner por delante los intereses de los bancos a los de nuestra ciudadanía. Hay que establecer con toda claridad en la norma constitucional que la prioridad de los presupuestos públicos es siempre el bienestar de la ciudadanía”.

Bruselas tiembla con sólo ver ese enunciado. Y aunque Sánchez se ha comprometido a que el pacto entre el PSOE y Podemos incluya la salvaguarda de las obligaciones españolas ante la UE en materia económica, lo cierto es que el documento firmado es totalmente ambiguo e impreciso en este punto.

No se trata de la primera vez que Bruselas ha tenido que poner el grito en el cielo en los meses por España. La negociación fallida entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias previa al 10-N contó ya con un invitado especial: los mensajes al PSOE procedentes de Bruselas. Unas indicaciones que mostraban el temor europeo a un Gobierno de coalición entre ambas formaciones.

Concretamente, las voces, que procedían de la Comisión Europea (CE), alertaron de la gravedad de la desaceleración económica que vive Europa y España. Y por ello señalaron su disconformidad con el hecho de que entraran miembros de Podemos en el Ejecutivo nacional. Bruselas teme al populismo y, en especial, cuando se trata de colarse en el cuartel general de una potencia económica como es el caso de nuestro país al que se acerca una situación de clara desestabilización y decrecimiento.

Varios contactos informales procedentes de la CE fueron los que hicieron llegar un mensaje muy sencillo al Ejecutivo de Sánchez. Estas voces señalaban a Sánchez que no es en absoluto recomendable dejar el mando del Gobierno o de carteras ministeriales importantes a determinados políticos capaces de desbordar el control financiero y la estabilidad económica de los Estados miembros. Hoy, el jefe de ese mismo Podemos, cuenta ya con el compromiso de ser vicepresidente del Gobierno.