Begoña Gómez usó la Complutense para que su socio tuviese los alumnos que exigía el contrato del Gobierno

El expediente del contrato adjudicado a la empresa del socio de Begoña Gómez revela que la carta de apoyo de la mujer del presidente del Gobierno sí influyó en la contratación. Gómez expidió una «declaración de interés y apoyo» en la que manifestaba su respaldo al programa que el Ejecutivo pretendía poner en marcha a través de la empresa pública Red.es y al que optaba Carlos Barrabés, impulsor de su máster en la Complutense. A través de dos procesos, el Gobierno buscaba proveedor para un servicio de formación de jóvenes y personas desempleadas «en la economía digital». El socio de Begoña Gómez acabó llevándose varios lotes del contrato por un importe total de 10,2 millones.

En la misiva de Begoña Gómez figuraba una frase clave: «Mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados». Precisamente, el «plan de difusión y captación» era uno de los criterios a valorar para la adjudicación. En concreto, suponía el 20% de la calificación de los criterios que dependían de «un juicio de valor». Barrabés, como reveló OKDIARIO, recibió la máxima calificación en este apartado, un 9, muy por encima del resto de competidores. Pero, además, en el pliego del contrato, consultado por este periódico, se especifica la trascendencia del aval de Gómez: su socio debía asegurar su capacidad para difundir la convocatoria de los cursos formativos, que tendrían que contar, al menos, con 12 participantes.

Apoyo clave de Gómez

En este requisito, el apoyo de Gómez, comprometiéndose a difundir el programa del Gobierno en su «ámbito de actuación», es decir, la Universidad Complutense de Madrid, aseguraba una buena promoción de los programas. Y no sólo para beneficiar a Barrabés, también al propio Ejecutivo.

Cabe recordar que el contrato adjudicado al empresario formaba parte de dos programas del Fondo Social Europeo y, con ellos, el Gobierno presumía ante la UE de formar a jóvenes desempleados para «reducir la tasa de desempleo juvenil en España, a través de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y del autoempleo de la población joven, orientado al cumplimiento de los objetivos y prioridades establecidas en la Estrategia UE 2020». Los destinatarios de uno de los programas eran jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años, los cursos debían constar de al menos 250 horas lectivas, y se establecía un mínimo de 12 participantes por curso. «Por lo que no podrá comenzar ninguna edición de los cursos ofertados que no tenga como mínimo 12 participantes inscritos», se advertía en los pliegos.

«Plan de difusión»

Para asegurar esa participación, la licitación pedía a las empresas participantes que detallasen un «plan de difusión y captación», describiendo «una variedad de medidas de difusión y publicidad efectiva (en canales tradicionales y en los nuevos canales de la era digital) de los programas propuestos por el licitador» para «garantizar el acceso a cada una de las acciones formativas a desarrollar, de modo que se maximice el número de participantes», con especial atención «en la brecha digital de género». En ningún caso se informó que se debían aportar cartas de apoyo, como la de Begoña Gómez a su socio.

Pese a ello, en el informe de valoración de las empresas sí se destaca la importancia de esas cartas. «Identifica los actores clave que apoyarán la
difusión, aunque no concreta los organismos, empresas e instituciones con quienes va a colaborar en la difusión, ni ofrece compromisos o cartas de apoyo», se destacó, por ejemplo, sobre una de las empresas que concurrían al contrato. «No presenta apoyo de instituciones, empresas y organismos relacionados con el objetivo y target del programa para apoyar en la difusión», se dijo sobre otra. «Menciona a algunas instituciones y organismos relevantes relacionados a la difusión de su programa, aunque no aporta compromisos, ni especifica de qué manera colaborarán dichas organizaciones», se le reprochó a otra. Sobre Barrabés, la mejor valorada, se decía lo siguiente: «Proponen una estrategia de comunicación y captación desarrollada utilizando diversos medios y campañas encaminadas a la búsqueda de candidatos para la participación en el programa, involucrando a instituciones y organismos tanto públicos como privados».

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga ahora el papel de Begoña Gómez en esas adjudicaciones. El juez ha abierto diligencias por los posibles delitos de «tráfico de influencias» y «corrupción en los negocios» para determinar si la mujer del presidente del Gobierno influyó en que esos contratos fueran adjudicados a su socio.

El juez ha llamado a declarar al socio de Begoña Gómez y a altos cargos del Gobierno que le dieron el contrato. Entre ellos, David Cierco, quien era responsable de la empresa pública Red.es en el momento de la licitación.