La Audiencia Nacional no investigará el crimen de Barbate porque la droga «no fue a otras provincias»

La Audiencia Nacional no investigará el asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte de narcotraficantes porque no está probado que la droga de esa organización estaba destinada a su distribución por otras provincias españolas. Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO indican que sin ese requisito no se puede llevar el caso al tribunal especializado en macro mafias de narcotráfico.

Buena parte de la carrera judicial y fiscal está de acuerdo en ampliar las causas que son competencia de la Audiencia Nacional. Sin embargo, eso requiere de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no está entre las prioridades más urgentes de los partidos políticos que legislan desde el Congreso de los Diputados.

En la Audiencia Nacional existe un gran pesar porque los responsables de los dos asesinatos en Barbate de los agentes David y Miguel Ángel están huidos. Aún hay esperanzas de que se localicen pero la falta de medios podría hacerlo imposible. Como ha publicado OKDIARIO todo apunta a que están en Marruecos, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por ahora por no presionar a las autoridades del país vecino. El Ejecutivo de PSOE y Sumar tienen una baza para agilizar la búsqueda de los verdaderos asesinos de Barbate: su buena relación con el régimen de Mohamed VI. Existen herramientas recogidas en un convenio policial firmado por ambos países en 2019 para estos casos. No obstante, y pese a que desde hace semanas se estudiaba esta línea de investigación, aún no se ha activado esa herramienta.

Por su parte, los detenidos que se encuentran en prisión sin ser los autores del asesinato seguirán entre rejas por presuntos delitos de contrabando. La Fiscalía Antidroga está personada en el caso a través de la fiscal delegada para esa especialidad en la provincia de Cádiz.

En este marco, la situación de los juzgados ordinarios de Barbate es «desoladora». La digitalización ni está ni se la espera, los procedimientos acumulan polvo durante meses ante la falta de personal para darles impulso, los retrasos son manifiestos. El colapso que generan las macro causas de narcotráfico es total. Los trabajadores demandan complementos salariales de peligrosidad y penosidad en estas zonas consideradas especialmente conflictivas por la presencia de múltiples grupos criminales. Sin embargo, sus quejas caen en saco roto.

Petición de los jueces

Entre otras entidades del mundo de la Justicia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado que la Audiencia Nacional asuma causas de narcotráfico como la de Barbate al considerar que no hay medios suficientes para perseguirlas en los juzgados locales. Sin embargo, el crimen de los dos agentes de la Benemérita se quedará por ahora en la provincia gaditana.

Esa asociación de jueces y magistrados ha propuesto medidas tras el asesinato provocado por una narcolancha el pasado 9 de febrero. La AJFV subraya que en Barbate y otras poblaciones de Andalucía hay «falta de medios» y sobrecarga de trabajo para perseguir policial y judicialmente el narcotráfico a gran escala. Eso conlleva, según indican, «una rémora inasumible que impide al Estado, como garante de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, cumplir su función». Desde Madrid, creen, los procedimientos judiciales se desarrollarían mucho más rápido.

La situación económica y social de esas zonas de costa andaluza, recuerdan, abona la delincuencia: la tasa de desempleo es superior a la media nacional y solo queda por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los datos de paro son todavía peores, en particular, en Barbate, nunca por debajo del 27% a lo largo de este año y el pasado.

La asociación judicial asegura que el narcotráfico «campa a sus anchas» de forma directa o indirecta en lugares con un alto nivel de paro. Se convierte en una «forma de vida atractiva» para quieren un mejor estatus social aunque sea delinquiendo. Para ello se apoyan en los vídeos distribuidos en redes sociales donde se aprecian muestras de apoyos y jaleos hacia los tripulantes de la narcolancha. Ese clima social «puede volverse opresivo e irrespirable para los representantes del Estado de Derecho», recogen. Aseguran que la situación podría llegar a asemejarse con la de los jueces que trabajaban en el País Vasco en tiempos de ETA.

Agregan que en localidades como Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda sólo existen los juzgados mixtos a los que les toca resolver asuntos civiles, penales y de familia. Por ello sufren una gran sobrecarga de trabajo «muy superior a lo que debiera corresponderles» por los casos complejos de narcotráfico.

Informe del CGPJ

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ultima un informe realizado por el Servicio de Inspección sobre la situación de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barbate, La Línea y Sanlúcar, que suman 19 en total, así como los de Ayamonte y Moguer en Huelva, y que también cuentan con causas relacionadas con el narcotráfico.

El informe deberá incluir una propuesta con «las medidas necesarias» para paliar la situación en la que se encuentren, especificando cuáles de ellas son competencia del órgano de Gobierno de los jueces, como ha indicado el CGPJ en un comunicado.