El Gobierno opta por no presionar a Marruecos en la búsqueda de los verdaderos asesinos de Barbate

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una baza para agilizar la búsqueda de los verdaderos asesinos de Barbate, ahora en paradero desconocido en Marruecos. Esa herramienta está recogida en un convenio policial firmado por ambos países en 2019. Sin embargo, y pese a que desde hace semanas se sospechaba de esta línea de investigación, «aún no se ha activado el convenio».

Los 8 detenidos en Barbate por el asesinato de dos guardias civiles, que la UCO ha señalado que no estaban a bordo de la narcolancha aquella noche, representan un problema para el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska: los cuatro presuntos asesinos, de nacionalidad marroquí y fugados a aquel país, están en paradero desconocido. No hay pistas de su ubicación y la investigación depende de la colaboración de Marruecos.  Pero desde Madrid no se ha solicitado que lo hagan.

El Gobierno de Sánchez ha optado, así, por no presionar a Marruecos exigiéndole el cumplimiento del «Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia», firmado en 2019 por el ministro Fernando Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit.

En su artículo 2, España y Marruecos se comprometen al «intercambio de información y la prestación de ayuda en la actividad operativa de investigación» en una serie de aspectos concretos de la lucha contra la delincuencia, como «la investigación y búsqueda de las personas que hayan cometido o sean sospechosas de haber cometido delitos en el territorio de alguna de las Partes» y la «búsqueda en el territorio de una de las Partes de objetos, efectos o instrumentos procedentes del delito o empleados en su comisión a petición de la otra Parte».  Es decir, de los verdaderos asesinos de Barbate y de la narcolancha que utilizaron, que a estas alturas dan por «desguazada» y limpiada de cualquier prueba.

«En esencia, y en teoría, ese convenio faculta a la Guardia Civil a levantar el teléfono y llamar al otro lado del Estrecho para decir búscame a este y a este otro, que han matado a dos de los nuestros. Sin tener que recurrir a burocracias extensas que alargan los plazos ni nada», resumen a OKDIARIO fuentes policiales.

Sin embargo, explican fuentes de la investigación, Marruecos no ha dado muestras de colaboración en todo este tiempo. No hay voluntad, dicen, de colaborar para resolver este doble asesinato de guardias civiles. El convenio de colaboración, dicen, «requiere de respaldo político por parte del Gobierno y del ministerio», que es quien debería exigir a Marruecos su cumplimiento. Pero no ha ocurrido.

Pese a ello, hay algunas pistas sueltas. Hay nombres -un tal Karim, que identificó a uno de los acusados durante el juicio-, pero «poco concluyente de lo que tirar», admiten fuentes de la investigación a OKDIARIO. En la Guardia Civil sospechan que cualquier prueba que pudiese incriminar a los verdaderos autores fue destruida aquella noche. «Posiblemente en Marruecos», donde los investigadores -y así lo señalaron algunos interrogatorios judiciales- creen que buscaron refugio los asesinos. Fueron cuatro, sospechan, en base a una de las fotografías que están analizando.

La lancha, principal prueba material y en la práctica el arma del crimen, «la debieron desguazar nada más enterarse de que habíamos cogido a otros», señalan en la Guardia Civil. Sin lancha y sin autores en España, el horizonte de la causa se complica en extremo.

Protocolo de disparos

La Guardia Civil reclama un nuevo protocolo interno para poder saber cuándo están autorizados a utilizar su arma sin temor a terminar envueltos en un proceso sancionador. Una situación que han vivido de cerca, por ejemplo, los agentes que fueron atacados por una narcolancha en Barbate el pasado mes de febrero, con el resultado de dos guardias asesinados. Sin embargo, no se esperan cambios al respecto: el Ministerio del Interior descarta modificar esta normativa, que data de hace más de 40 años y que seguirá vigente como hasta ahora.

«¡Disparad, disparad, disparad coño, van a por nosotros!», es una de las frases que recoge el vídeo captado por la cámara GoPro que llevaba uno de los agentes de la Guardia Civil atacados por una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado mes de febrero. Esa llamada de auxilio pone de manifiesto uno de los principales dilemas a los que se enfrentan los agentes de Guardia Civil -y también de otros cuerpos- en su día a día: las dudas de los funcionarios a utilizar su arma reglamentaria para hacer frente a una agresión manifiesta. Una agresión cuya intensidad es muy difícil analizar en pocos segundos y determinar una respuesta acorde en términos de fuerza. De esa decisión, en cuestión de segundos, usar o no el arma, puede depender toda una carrera profesional.

La Guardia Civil ha sido la última en volver a solicitar la revisión de esa norma, a raíz de esos sucesos de Barbate. Ha sido la plataforma profesional Jucil quien lo ha planteado, a las puertas del juzgado de la localidad gaditana, donde el caso ha entrado en punto muerto tras revelarse que los detenidos no son los verdaderos autores del doble asesinato. Esa reivindicación, sin embargo, no ha calado: fuentes del Ministerio del Interior confirman a OKDIARIO que «no hay ninguna previsión de cambiar el protocolo de actuación».

Para ello, dicen, Interior y la Dirección General deberían crear un grupo de trabajo que analice el protocolo actual, se propongan enmiendas y finalmente se aprueben. «Ni es una prioridad ni parece que lo será en los próximos meses». De esta forma, el protocolo que guía a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre cuándo pueden y cuándo no disparar seguirá siendo el vigente, que data de 1983.

General y coronel denunciados

La asociación Jucil (Justicia para la Guardia Civil) ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Barbate (Cádiz) por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia contra el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz por los hechos ocurridos en el puerto barbateño el pasado 9 de febrero, en los que dos agentes de la Benemérita perdieron la vida y varios resultaron heridos de gravedad.

En una nota, Jucil ha explicado que, según la denuncia, la intervención policial en el Puerto de Barbate se realizó «bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación». En este sentido, añade que «los superiores jerárquicos, a pesar de conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención para la que los guardias civiles que participaron no estaban preparados ni contaban con los recursos necesarios».

El escrito de denuncia detalla que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era «insuficiente frente a las narcolanchas, por ser éstas significativamente más grandes y poderosas». Además, indica que los agentes asignados «no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas».

La denuncia recoge que los componentes de los equipos GEAS no están preparados para este tipo de intervenciones policiales, mientras que los dos componentes del GAR que los acompañaban como refuerzo carecían de los medios necesarios, por ejemplo, cascos. En este sentido, Jucil recuerda que ambos fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocadas por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló.