La Audiencia de Madrid condena a ‘elDiario.es’ a publicar que los Franco no cometieron «ningún expolio» en el Pazo de Meirás

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la empresa El Diario de Prensa Digital SL, editora de elDiario.es, a publicar íntegramente la rectificación que reclamaba un miembro de la familia Franco. El texto incluye el titular que niega que la familia haya cometido «ningún expolio» sobre el Pazo de Meirás ni sobre sus bienes. Para la Sala, la palabra «expolio» no expresa una opinión: describe un hecho que puede probarse.

La sentencia ha condenado a la editora al pago de las costas de la primera instancia. La sentencia ya es firme y el medio del imputado Ignacio Escolar ya la ha ejecutado.

La Sección Undécima ha estimado el recurso de apelación del demandante en una sentencia fechada el 22 de septiembre de 2026, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Aurelio Sanz Acosta. La resolución revoca el fallo dictado en primera instancia el 7 de julio de 2025.

El tribunal es tajante: «La palabra ‘expolio’ no es una opinión, sino que es un hecho». Recuerda además que el término figura en el artículo 323 del Código Penal, que castiga «los actos de expolio» sobre yacimientos arqueológicos.

La sentencia obliga al medio a difundir la rectificación «con la misma relevancia que aquél difundió la información que se rectifica». Deberá hacerlo en la sección de Galicia y publicar su contenido «de manera íntegra, literal», con una relevancia semejante a la de la pieza original.

Expolio, delito penal

El origen del litigio es un artículo publicado en agosto de 2024 en la sección gallega del diario digital. Su título hablaba de una «visita guiada» al pazo 13 años después y de «un vistazo al expolio» de la familia del dictador en el antiguo hogar de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Según recoge la sentencia, el texto incluía expresiones como «expolio» y «rapiña» referidas a la familia. El demandante ha sostenido que esas palabras transmiten la idea de que él y otros familiares participaron en actuaciones delictivas, sin que, por el contrario, exista condena penal alguna contra él.

El 29 de agosto de 2024, la familia exigió la rectificación mediante burofax. El 2 de septiembre, el periódico publicó una nota, pero en la sección Política. Además, omitió el titular que negaba expresamente cualquier expolio.

La Sala ha detectado una incoherencia en la actitud del periódico. Este había aceptado publicar que ningún miembro de la familia cometió actuación delictiva alguna. Sin embargo, según la sentencia, «de forma contradictoria, se niega a publicar el título de la rectificación».

El tribunal subraya que el expolio era precisamente el delito que «de forma implícita se le atribuía en la noticia». Admitir lo general y rechazar lo concreto, viene a decir la Sala, carece de lógica.

Sobre los bienes muebles, la Audiencia ha entendido que la pieza no se refería sólo al inmueble, sino también a los objetos vinculados a él. Por eso, concluye que era necesario desmentir cualquier supuesto expolio, «tanto del inmueble como de sus bienes muebles comprendidos en él».

Pazo de Meirás

El fallo se apoya en el historial judicial del pazo, situado en Sada (La Coruña). La única respuesta judicial sobre su propiedad ha llegado desde la jurisdicción civil, no desde la penal.

La Audiencia Provincial de La Coruña dictó sentencia el 12 de febrero de 2021 y estimó la acción reivindicatoria del Estado. Ordenó a los nietos de Franco devolver la posesión del inmueble por ser de titularidad pública. El Tribunal Supremo ha confirmado ese fallo el 11 de marzo de 2026.

No hubo mala fe

Ambos tribunales descartaron que la familia del dictador actuara de mala fe. La Audiencia coruñesa constató que los herederos llevaban más de cuatro décadas usando el pazo «de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

El tribunal madrileño ha recordado, citando la doctrina del Tribunal Constitucional, el carácter instrumental de la rectificación. Esta no busca establecer la verdad definitiva, sino que «permite contrastar versiones contrapuestas» mientras ninguna haya sido acreditada o desmentida con efectos de cosa juzgada.

La propia sentencia lo resume: se trata de que el afectado aporte su versión «en salvaguarda de su honor y patrimonio moral». Con ello se pretende contrarrestar el golpe que, a su juicio, suponía verse asociado públicamente a un delito.

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