Anticorrupción se opone a sacar a Cerdán de la cárcel por el «riesgo de destrucción de pruebas»

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la puesta en libertad del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y se escuda en que persiste el «riesgo de destrucción de pruebas» por el cual el juez Puente decretó su ingreso en la prisión de Soto del Real.

Santos Cerdán se encuentra encarcelado desde el pasado 30 de junio, después de una declaración en el Tribunal Supremo tras la cual el magistrado de la Sala Segunda, Leopoldo Puente, decretó su ingreso en Soto del Real, imputándole los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El fiscal jefe de Anticorrupción pidió entonces la entrada en la cárcel, comunicada y sin fianza, del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE. Casi dos semanas después, la Fiscalía ha presentado un escrito en el que solicita a la Sala de lo Penal que desestime el recurso presentado por el abogado de Santos Cerdán, el ex diputado de la CUP Benet Salellas, el pasado 3 de julio pidiendo la libertad del socialista.

El recurso presentado por la defensa de Cerdán argumenta que «no hay indicios de criminalidad suficientes contra Santos Cerdán» y se basa también en la incompatibilidad de «la presunción de inocencia» con el ingreso en prisión del ex número 3 del PSOE.

Además, señala al juez Puente por asumir una «perspectiva inquisitiva» y por dictar prisión provisional «sin otra finalidad que la de obtener una confesión» del implicado. En el recurso también se hace referencia a que la medida decretada contra Santos Cerdán ha sido «adoptada sin indicios de criminalidad suficientes».

El jueves, el Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares en el inicialmente denominado caso Koldo, también se opuso al recurso de Santos Cerdán alegando que es «inasumible» que argumente que es víctima de una causa general, recalcando que «no es una causa política, es una causa de corrupción» sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública, destapado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en el que también están implicados el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el asistente de este, Koldo García Izaguirre.