Ángela Rodríguez ‘Pam’ cobra una pensión de 7.500 € en pleno escándalo por las pulseras antimaltrato

La ex secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez ‘Pam’ continúa percibiendo una pensión mensual de 7.500 euros tras su cese en noviembre de 2023. Desde entonces, su remuneración acumulada supera los 180.000 euros, y se mantendrá así hasta el próximo 30 de noviembre.

La continuidad de estos pagos coincide con la polémica en torno a la nefasta gestión de las pulseras de vigilancia para víctimas de violencia de género revelada por OKDIARIO. Durante su etapa en Igualdad, ‘Pam’ autorizó un contrato con una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas, tras la retirada de otros proveedores como Telefónica y Buddi Limited, una empresa británica. Este plan, valorado en 35 millones de euros, estaba destinado a la entrega de pulseras de seguridad para mujeres en situación de riesgo.

Varios informes señalaron que la migración de datos entre proveedores presentó «fallos» que afectaron a la protección efectiva de las víctimas, provocando sobreseimientos provisionales y absoluciones en casos de quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Además, la licitación del proyecto fue calificada con un 3.6 sobre 10, reflejando deficiencias en su planificación y ejecución, y aun así la ex secretaria de Igualdad y el propio Gobierno dieron luz verde al contrato.

Mejorar los dispositivos

Mientras tanto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado una nueva licitación para «mejorar los dispositivos», aunque reconoce no saber el número exacto de mujeres afectadas. De igual manera, la ministra ha alegado que las chapuceras pulseras si que funcionan, defendiendo e insistiendo en que «ni una sola mujer con el dispositivo Cometa ha sido asesinada».

Además, tachó de «mentira» las denuncias sobre la compra de modelos similares en páginas como AliExpress, acusando de falsedad a María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha recibido la primera querella contra la ministra de Igualdad. La Fiscalía evidenció en su Memoria Anual 2024 de la Fiscalía General del Estado que hubo «múltiples fallos» en estos dispositivos que deberían haber protegido a las víctimas de violencia de género.

La Fiscalía reconoció que el Centro Cometa comunicó «reiteradamente» a los órganos jurisdiccionales que «desconoce por completo cuándo pueda quedar solventada la situación». La querella presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo destaca que el 8 de enero de 2024, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió el primer aviso oficial comunicando «incidencias graves ya detectadas en las pruebas del nuevo sistema».

Cuatro días después, el 12 de enero, María Ángeles Carmona, entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, se reunió personalmente con la ministra. Esta reunión constituye, según la querella, «el momento en que el conocimiento específico, personal, directo e inequívoco del riesgo mortal se instaló definitivamente en la conciencia ministerial».