El Supremo recibe la primera querella contra Redondo por el ‘caso pulseras’ revelado por OKDIARIO

El Tribunal Supremo ha recibido la primera querella contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el caso pulseras revelado por OKDIARIO. La Fiscalía evidenció en su Memoria Anual 2024 de la Fiscalía General del Estado que hubo múltiples fallos en estos dispositivos que deberían haber protegido a las víctimas de violencia de género.

El Sindicato Manos Limpias ha presentado una querella criminal contra Ana Redondo por delitos graves relacionados con el colapso del sistema de protección telemática Cometa para víctimas de violencia de género.

La Fiscalía reconoció que el Centro Cometa comunicó «reiteradamente» a los órganos jurisdiccionales que «desconoce por completo cuándo pueda quedar solventada la situación».

La querella, recogida por OKDIARIO, acusa a la ministra de prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de socorro institucional. Los hechos se refieren al periodo entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, durante el cual el sistema falló sistemáticamente.

«La adjudicación del sistema Cometa a la UTE Vodafone España-Securitas Seguridad España por 42,6 millones de euros no fue una mera transacción administrativa; fue el momento en que la vida de 4.515 víctimas quedó suspendida en la balanza de una decisión técnica cuyas consecuencias mortales ya se vislumbraban», señala el documento.

Alertas ignoradas

La querella presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo destaca que el 8 de enero de 2024, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió el primer aviso oficial comunicando «incidencias graves ya detectadas en las pruebas del nuevo sistema».

Cuatro días después, el 12 de enero, María Ángeles Carmona, entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, se reunió personalmente con la ministra.

«Se lo advertimos personalmente en su despacho. Le advertimos de forma clara y contundente que este servicio no tenía las garantías necesarias para proteger vidas humanas», declaró Carmona públicamente.

Esta reunión constituye, según la querella, «el momento en que el conocimiento específico, personal, directo e inequívoco del riesgo mortal se instaló definitivamente en la conciencia ministerial».

Las alertas al ministerio de Ana Redondo continuaron con dos oficios más del CGPJ el 21 y 27 de febrero de 2024, «confirmando la persistencia crítica y el agravamiento de todos los fallos previamente comunicados, alertando sobre riesgo vital inminente».

Datos perdidos

La querella destaca, tal y como informó OKDIARIO, que el ministerio de Ana Redondo perdió el histórico de datos al hacer un cambio de contrato con un nuevo proveedor. Esto provocó absoluciones y problemas para las víctimas para acreditar en los tribunales que sus agresores habían quebrantado las órdenes de alejamiento.

«El 20 de marzo de 2024 quedará inscrito en los anales de la vergüenza institucional española como el día en que la protección estatal de las víctimas de violencia de género experimentó el colapso más devastador, sistemático e irreversible de su historia», afirma la querella.

Ese día se produjo «la pérdida absoluta e irreversible de quince años de historia digital». Todos los datos históricos del sistema anteriores desaparecieron: ubicaciones de agresores, patrones de violencia, incidencias críticas. La información quedó inaccesible por «problemas insolubles de descifrado de información encriptada por una empresa israelí subcontratada».

El documento recoge que durante ocho meses consecutivos, hasta noviembre de 2024, el sistema operó con fallos graves: congelación de ubicaciones, desvinculaciones masivas, facilidad para retirar pulseras sin alarma, imprecisiones geográficas críticas y avalancha de falsos positivos que causaron «ansiedad extrema, terror y trastornos psíquicos» en las víctimas.

Ana Redondo niega problemas

El 18 de septiembre de 2025, conociendo ya todos los hechos, la ministra Ana Redondo declaró públicamente: «Los dispositivos funcionan correctamente y perfectamente, en todo momento han funcionado sin problemas». Además, afirmó que los problemas afectaron únicamente a «menos del 1%» de las víctimas.

La Fiscalía, sin embargo, anunció que los problemas con las pulseras causaron gran cantidad de absoluciones. Además, según respuesta parlamentaria oficial del propio Gobierno, aproximadamente 5.000 mujeres -prácticamente el 100% del total- recibieron «un aviso oficial urgente para que extremaran inmediatamente la precaución personal» debido a los fallos del sistema.

«Esta cifra oficial contradice frontal, total y deliberadamente el ‘menos del 1%’ declarado públicamente por la querellada. La contradicción no es un error estadístico; es la prueba irrefutable de que la querellada mintió conscientemente», concluye la querella.

La querella se ha presentado hace tan sólo unos días y la Sala de lo Penal aún no ha decidido su admisión a trámite.