El abogado de la familia Franco ve «trasfondo político» en el juicio del Pazo de Meirás que arranca este lunes

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha considerado que detrás del juicio sobre el futuro del Pazo de Meirás, que arranca este lunes con la declaración de siete testigos, hay un «trasfondo político». «Lo que se defiende es una propiedad de un inmueble, esperamos que no haya ninguna implicación de tipo político porque es de naturaleza civil», ha insistido.

Así, ha recalcado que, para esta parte, «lo que realmente se trata es la discusión de la propiedad de un inmueble que tanto el Estado como el resto de las instituciones que están personadas abandonaron por completo en el año 75 y solo se acordaron de ello 44 años después». «No se acordaron cuándo se destruyó, no se acordaron cuándo se incendió, cuándo hubo que reconstruirlo y se acuerdan ahora», ha apostillado.

De cara a la vista, que está previsto que se prolongue hasta el viernes, ha dicho que su objetivo es «defender el derecho de propiedad» de la familia Franco sobre el pazo ubicado en el municipio de Sada.

«Son los legítimos propietarios que han estado manteniendo y pagando todos los impuestos del pazo durante los ultimos 45 años», ha sostenido frente a los argumentos del Abogacía del Estado, que presentó la demanda, y de las demás partes intervinientes que se suman a la misma: la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa.

Y es que el debate jurídico, tras una vista previa celebrada en enero y sin posibilidad de acuerdo entre las partes, se prevé que se centre en los calificados por las partes como «hechos controvertidos», en particular la escritura del año 1941 del inmueble. Para la Abogacía del Estado se trata de una escritura «simulada», frente a la «legalidad» de la misma que defiende la familia Franco.

Las administraciones personadas sostienen que la familia del dictador obtuvo el inmueble como resultado de un proceso «coactivo», que el pazo se mantenía con fondos públicos, entre ellos los del Estado que asumía la gestión del pazo como residencia oficial y que había ayuntamientos que colaboraban en su mantenimiento o que pagaron, como el de Ferrol, el pago de impuestos de bienes e inmuebles hasta mediados de los años setenta.

En esta primera sesión del juicio, en la que como demandadas se han personado seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil, está previsto que declaren este lunes el guardia hortelano en el Pazo de Meirás hasta 1990; vecinos de Meirás; un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña y el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco.

También lo harán el que fue alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares y un amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, persona que asumió labores de gestión en relación con la rehabilitación del inmueble tras su incendio y parcial destrucción en 1978.

Un «bien público»

El juicio por la devolución del Pazo de Meirás al patrimonio público arrancará hoy lunes, día 6, con la expectativa de que se acabe con el «expolio franquista» y el inmueble pase a ser «un bien público». «Sería una fiesta democrática», asegura, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), Fernando Souto, en caso de existir un pronunciamiento favorable a las tesis del Estado.

Se trata de un proceso judicial para el que se ha fijado toda la semana y que se celebrará en la antigua sede de la Audiencia de A Coruña, por cuestiones de espacio, aunque la causa corresponde al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.

En él, figura como demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada, donde se ubica el pazo, y A Coruña. Como demandadas se han personado seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil.

Este procedimiento llega a los tribunales después de que el Pazo de Meirás fuese declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito –PSdeG y BNG– en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público. Un año después, la Cámara gallega aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.

Con posterioridad, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco basándose, entre otras cuestiones, en un documento datado el 3 de agosto de 1938 y firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, fue «fraudulento» porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.