Ábalos se queja al juez de que OKDIARIO haya desvelado su acuerdo de divorcio con su ex mujer
El ex ministro quiere que la investigación judicial no sea "prospectiva" y esté "totalmente acotada"
Ábalos paga los 100.000 € a su ex mujer dejándole un piso hipotecado tras la información de OKDIARIO
José Luis Ábalos ha presentado un recurso contra el auto del juez del caso Koldo y cuestiona lo que su defensa considera una investigación excesivamente amplia sobre sus asuntos personales. El recurso, presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, expresa preocupación por la publicación en OKDIARIO de detalles sobre su vida personal, incluyendo detalles de su acuerdo de divorcio. El ex ministro español de Transportes fue demandado por su segunda mujer por no cumplir lo pactado en la separación, pero él consiguió que se retirara esa acción judicial a cambio de ceder el 50% del piso que tenía con ella en el centro de Madrid, que aún está hipotecado.
En el documento presentado por su abogado, Ábalos argumenta que la investigación dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha excedido su ámbito adecuado al examinar asuntos no relacionados con el caso original centrado en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
El recurso cuestiona específicamente el uso de información recuperada de discos duros incautados durante un registro en febrero de 2024 en el domicilio de Koldo García Izaguirre. El ex asesor de Ábalos está siendo investigado por presuntamente impulsar contratos para mascarillas durante la emergencia pandémica a sociedades ligadas a su entonces amigo Víctor de Aldama.
La defensa de Ábalos argumenta que la información de estos discos ha sido filtrada selectivamente a medios de comunicación, que han publicado artículos sobre las propiedades y asuntos personales de Ábalos.
«Entendemos que la concesión a la UCO de la información bancaria de mi defendido hasta 2014, así como las declaraciones fiscales de una fundación a la que no pertenece desde 1999, queda cuanto menos alejada de la etapa ministerial de José Luis Ábalos Meco», afirma el documento presentado este 25 de marzo de 2025.
El recurso resalta varios artículos periodísticos, adjuntados como evidencia, que la defensa afirma están basados en materiales filtrados de la investigación. Un artículo informa sobre una empresa consultora supuestamente vinculada al hijo de Ábalos. Otro artículo, en este caso, de OKDIARIO, marcado como «Documento nº 3», detalla cómo el ex número tres del PSOE saldó una deuda de 100.000 euros con su ex mujer mediante la transferencia de la propiedad de un apartamento hipotecado en el madrileño barrio de La Latina.
El equipo legal de Ábalos argumenta que la investigación no debe ser «prospectiva», como exige la ley, y debería estar «totalmente acotada» por lo que describen como un manejo prejuicioso de la información. Afirman que los medios de comunicación recibieron detalles de la investigación antes de que el propio Ábalos fuera informado oficialmente de su estatus como investigado.
El recurso también aborda alegaciones específicas sobre propiedades en Tulúa (Colombia) y Chimbote (Perú). La defensa afirma que Ábalos adquirió un terreno en Tulúa en 2003 y lo vendió en 2013 sin construcción alguna, contradiciendo informes mediáticos sobre una casa de lujo. Respecto a la propiedad de Chimbote, presentan documentación que muestra que Ábalos renunció a la Fundación Fiadelso (Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social) en diciembre de 1998, argumentando que no tiene conexión con ninguna propiedad que la fundación pudiera poseer en Perú.
El recurso critica el testimonio de testigos, particularmente de Víctor Aldama, calificándolo de interesado y sin corroboración. Cuestiona las afirmaciones de Aldama sobre pagos en efectivo y niega alegaciones relacionadas con propiedades en La Alcaidesa en la costa andaluza y un apartamento en el Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid.
La defensa del ex alto cargo socialista argumenta que se está violando la doctrina legal de «actos propios», citando numerosas decisiones del Tribunal Supremo que establecen que uno no puede actuar contra sus propias acciones previas cuando éstas crean situaciones jurídicas definidas.
En conclusión, el recurso solicita al magistrado del Tribunal Supremo que deje sin efecto el auto y limite la investigación específicamente a la adquisición de mascarillas durante el período de emergencia nacional por el virus Covid-19.
Petición a Hacienda
Por su parte, el juez Leopoldo Puente ha solicitado información a Hacienda y CaixaBank sobre el ex ministro José Luis Ábalos y la fundación Fiadelso para detectar posibles «ingresos irregulares» que pudieran revelar mordidas, siguiendo lo planteado por la UCO de la Guardia Civil en su informe patrimonial.
Según el informe de la UCO, Ábalos es propietario de un terreno en Colombia, inmuebles en Perú, Valencia y Madrid, tres coches, una moto, y estaría vinculado a más de 200 cuentas bancarias. Sin embargo, este análisis es preliminar, por lo que los investigadores solicitaron al juez que requiriera información oficial al banco y a Hacienda.
El magistrado ha acordado analizar los movimientos de las cuentas bancarias de Ábalos y sus declaraciones tributarias, así como las de la fundación en la que tuvo participación activa, para comprobar si existen ingresos irregulares que pudieran corresponder a los cobros que se le imputan. También ordenó analizar las salidas de dinero que pudieran justificar los gastos de reembolso a Koldo García de cantidades supuestamente anticipadas.
Puente ha solicitado datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, considerando necesario extender las pesquisas hasta años antes de que Ábalos entrara en contacto con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y con Koldo García, para determinar si hubo cambios relevantes en su situación financiera a raíz de estas relaciones.
Además de pedir a Hacienda informes sobre Ábalos y Fiadelso para el periodo 2014-2024, el juez ha solicitado al banco información sobre transferencias, cambios de divisas, reintegros e ingresos en efectivo superiores a 300 euros. También ha pedido al Servicio de Entidades Jurídicas de la Comunidad Valenciana toda la documentación relativa a Fiadelso desde su constitución hasta su extinción.
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