El PP irá al Tribunal Constitucional si Sánchez intenta aprobar el techo saltándose al Senado

El Partido Popular «tomará las medidas oportunas» para evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez se salte al Senado en la aprobación de los objetivos de déficit y el techo de gasto. Una de las opciones que maneja el Ejecutivo socialista es sacarlo adelante a través de un decreto-ley, dado que la mayoría del PP impedirá su aprobación en el Senado.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria es clara en lo que respecta al procedimiento: tras el debate en el Pleno, el Congreso y Senado «se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno». En el caso de que rechacen los objetivos, «el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.

Con el voto en contra del PP-anunciado ya en Congreso y Senado-el proceso quedaría bloqueado.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó en los últimos días que el Ejecutivo busca «soluciones» a la Ley que impide que los objetivos de déficit y deuda pública puedan tener una última votación en el Congreso si son rechazados en el Senado.

Total incertidumbre

El Gobierno socialista afronta este viernes la votación en la Cámara Baja con total incertidumbre: necesita más votos a favor que en contra y, a día de hoy, únicamente tiene seguros los cinco del PNV.

La aprobación del techo y los objetivos de déficit no es imprescindible para los Presupuestos 

PP y Ciudadanos votarán en contra, y también lo harán previsiblemente Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, Bildu y Coalición Canaria. Por su parte, Compromís ha anunciado una abstención.

La incógnita es qué hará Podemos, sus confluencias e Izquierda Unida, descontentos con los objetivos del Gobierno y que habían amenazado con oponerse. Su voto es crucial junto con el de los partidos independentistas catalanes, que no han confirmado su voto.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no establece que la aprobación del techo y los objetivos de déficit sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.

La nueva senda presupuestaria del Ejecutivo socialista contempla un déficit del 1,8% para 2019, distribuido entre el Estado (0,4%), comunidades autónomas (0,3%) y la Seguridad Social (1,1%); mientras que para 2020 augura un desajuste del 1,1% del PIB, procedente de una décima del Estado, otra de las CCAA y nueve décimas de la Seguridad Social.